La violencia ejercida por un sector minoritario de la oposición, llegó a su primer mes, y aunque políticamente está derrotada, y condenada con el repudio mayoritario de la población, en la práctica todavía persisten focos de perturbación que han pasado a una fase terrorista.
Gewaltmonopol des Staates, es lo que Weber definió como la monopolización de la violencia legalmente, facultad que solo puede ser otorgada por el estado. Ningún gobierno del mundo puede permitir, bajo ninguna excusa que otros tengan la potestad de ejercer la violencia, para mantener francotiradores en edificios, amedrentar a ciudadanos indefensos, y ejecutar actos de terrorismo.
En la calle existe una percepción de que el estado está siendo débil en el combate de los desordenes. Es muy distinto hablar y conciliar con el adversario en el terreno político, y en un clima de paz, que hacerlo bajo condiciones de guerra.
En la política de guerra no hay espacios para las conversaciones, sin primero reducir y agotar a uno de los bandos, y convencerlo de que se le puede derrotar. Los violentos cuentan con un fuerte apoyo financiero que les permite permanecer durante algunos días más creando zozobra en país.
Es necesario que el estado defina claramente los linderos de las manifestaciones democráticas y pacificas las cuales están contempladas en la constitución, y las actividades de guerra y sabotaje que se cometen actualmente en nombre de una supuesta lucha que nadie sabe cuál es.
Este nuevo tipo de protesta que se intenta librar en nuestro territorio, tiene las características de guerrillas urbanas en pequeña escala, y el estado está en la obligación de buscar los instrumentos legales que permitan clasificar estas actividades, para proceder a detener a los cabecillas que aportan financiamiento y logística.
Los pequeños grupos que quedan en las calles están actuando como mercenarios políticos, amparándose en la protesta que comenzaron sectores del partido Voluntad Popular. Se dividen una ciudad y en las horas de la noche comienzan un proceso de guerra contra el estado y la población.
El sabotaje de las guarimbas tiene incidencias negativas en la economía, porque agudiza el desabastecimiento, ya que bloque las rutas comerciales, y además crea un clima de intranquilidad que incrementa las compras nerviosas. Muchos ciudadanos temerosos de que pueda suceder un fenómeno extraño, literalmente arrasan con la despensa de los supermercados.
El trato que deben recibir los que sean apresados a partir de ahora, en las actividades de subversión, debe ser muy distinto al aplicado en los inicios de la protesta, de lo contrario es posible que se comience un proceso de incorporación de delincuentes comunes con el objeto de regionalizar el terrorismo. Un pueblo entero no puede dejarse chantajear por grupos minoritarios, que irrespeten toda las formas posibles de vida social.
El sociólogo Wolfgang Sofsky, en su tratado sobre la violencia nos recuerda:“El perdón no pocas veces requiere generosidad, grandeza moral, superación de uno mismo; el olvido, simplemente una memoria de muy corto plazo. Sin embargo, hay atrocidades que no se pueden perdonar. Los pecados veniales, los errores y faltas de la vida cotidiana merecen ser olvidados, el crimen no. Las equivocaciones son fruto de la ligereza del que olvida, de su descuido, su inadvertencia. El crimen, por el contrario, se comete con premeditación y planificación. El criminal sabe de la prohibición de antemano. No es una persona que vive sólo en el presente, pues actúa con memoria y conocimiento de causa. El asesinato, por consiguiente, no permite la absolución. Nunca pasa al olvido. La muerte interrumpe la continuidad de la vida social. La muerte rompe el tabú sobre el que se basa todo lo social: el tabú de matar”.
