Recuerdo que en 1998
quienes decíamos que éramos progresistas o revolucionarios, abogábamos
por una “Sistema Público Nacional de Salud” frente a la propuesta
de reforma neoliberal de “Privatización de la Salud”, defendida
por el Presidente Rafael Caldera y su ministro de planificación Teodoro
Petkof. Ellos, los privatizadores, aprobaron una Ley de Salud, vigente
hasta ahora, aunque por esas cosas de las “ficciones jurídicas”,
está de “vacaciones”. Podríamos decir, iluminados por las informaciones
del ilustre Dr. Ríos referidas en el párrafo anterior, que la Ley
de Salud del difunto Dr. Caldera “no estaba muerta ni de vacaciones”,
sino que “ha estado de parranda” en estos últimos 11 años.
El proceso constituyente y la Constitución de 1999 recogieron en los artículos 83, 84, 85 y 86 las líneas maestras de una revolución democrática, nacionalista y popular en salud:
- El artículo 83 define la salud como un derecho social fundamental parte del derecho a la vida. La salud ya no es concebida limitadamente como un proceso biomédico, sino en su entidad compleja más abarcante de lo social y la vida. El par salud-enfermedad es agrandado a vida-salud. El Estado está obligado a garantizar la salud elevando la calidad de la vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. O sea, la cosa abarca toda la política del Estado y no sólo la acción de un ministerio que administra servicios de atención médica. Todas las personas somos corresponsables en el deber de garantizar el derecho.
- El artículo 84 establece la creación de un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), parte de la Seguridad Social, gratuito, universal, integral, solidario, equitativo y de integración social; el cual priorizará la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y daños, y garantizará el tratamiento oportuno y la rehabilitación de calidad. Este artículo es preciso en el derecho y el deber de las comunidades de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, la ejecución y el control de la política en las instituciones públicas de salud.
- El artículo 85 expone que el Estado financiará el SPNS con un presupuesto suficiente para cumplir con los objetivos de la política sanitaria. Asimismo, promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales, técnicos y la producción nacional de insumos para la salud. Por último, el Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud.
- El artículo 86 garantiza el derecho a la seguridad social, el cual comienza por garantizar la salud y asegura una protección en contingencias que atañen a la calidad de vida de las personas y las familias y a grupos de riesgo. Desde la CRBV de 1999, se planteó la construcción del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS) como una condición para acceder al Derecho Constitucional a la Salud. Asimismo, en la Ley Orgánica de la Seguridad Social de 2002, se legisló sobre la creación del Subsistema de Salud de la Seguridad Social.
Han pasado 11 años y
no se ha aprobado la Ley de Salud de la Constitución Bolivariana de
1999, donde se explicarían con más detalles todas esas virtudes teóricas
y justicieras que se recogen en los artículos referidos anteriormente.
Por cierto, el Dr. Ríos ha sido desde mucho tiempo un adalid de la
seguridad social y del sistema público nacional de salud. Cumplió
un papel protagónico de primera línea en la Constituyente de 1999
y ha sido parlamentario en el Congreso Bolivariano y cuando se transfiguró
de nombre en “Asamblea Nacional”.
Podemos decir, en este
contexto, que la Comisión de Desarrollo Social de la “Asamblea Nacional”,
con su Presidente Ríos a la cabeza, ha logrado una osadía dialéctica,
cual es pasar de la tesis neoliberal de la privatización de la salud,
pasando por la antítesis de la propuesta constituyentista, a la síntesis
de la “PRIVATIZACIÓN REVOLUCIONARIA Y SOCIALISTA DE LA SALUD”.
Yo debo confesar que he sido partidario de que se apliquen los 4 artículos de la salud recogidos en la Constitución y se aplique la creación del Subsistema de Salud de la Seguridad Social, según lo manda la Ley Orgánica de la Seguridad Social de 2002, pero como quiera que no se dice nada de la posible aprobación de la Ley de Salud en los próximos tiempos y después que se renueve la “Asamblea Nacional”, con opositores incluidos, parece menos probable que se apruebe, he llegado a la conclusión y creo con ello interpretar a la perfección la propuesta de la Comisión de Desarrollo Social de la “Asamblea Nacional”, que no es necesario cambiar la Ley de Salud del difunto Dr. Caldera, porque es posible hacer la revolución socialista en salud profundizando y extendiendo a todos los habitantes del país la genial propuesta de los HCM y la Bolivariana de Seguros. Fíjense para que vean:
- Con más de 9 millardos de bolívares de los nuevos se pueden atender 2 millones de personas (empleados públicos), lo cual representa con sus familias entre 8 a 10 millones de personas; con alrededor de 30 millardos, podríamos atender a los 30 millones de habitantes de este país y de paso le daríamos un empujoncito a los empresarios socialistas y revolucionarios de esta patria. Con esto se cumpliría la consigna de la reforma de salud planteada por Caldera de que con la privatización de la salud se nos iba a dar una tarjeta (algo así como la tarjeta “mi negra”) con la cual podríamos ir a cualquier clínica. ¡Una maravilla! ¿No les parece, ilustres diputados?
- Queda ese detallito que llaman “salud pública”, pero a Dios gracias en Venezuela puede ser resuelto fácilmente privatizando el Instituto Nacional de Higiene, la Vigilancia Epidemiológica y la Contraloría Sanitaria. Con unos cuantos millarditos más se les podría contratar los servicios a estos emprendedores que compren esos negocios de la salud (o de la enfermedad).
El impacto de la propuesta
de la comisión ha sido tan importante que el presidente de la Federación
Unitaria de Trabajadores (FENTRASEP), Franklin Rondón ha dicho, según
Últimas Noticias del 20-08-2010, que es “necesario fortalecer a
Bolivariana de Seguros para que pueda ofrecer un buen servicio” y
que “es necesario homologar las coberturas de las pólizas”. Por
cierto que Rondón es candidato del PSUV al parlamento. Como es seguro
que gane y posiblemente llegue a ser de la Comisión de Desarrollo Social,
yo le pediría que la homologación se hiciera con el seguro HCM del
señor Gustavo Cisneros. Ustedes saben: sábanas de seda, dieta médica
preparada a la carta en los mejores restaurantes, televisor 3D, etc.
¡VIVA LA PRIVATIZACIÓN
REVOLUCIONARIA Y SOCIALISTA DE LA SALUD!
¡VIVA LA LEY DE SALUD DE CALDERA DE 1998!
