05-02-24.-Estimados compañeros del Secretariado y demás instancias dirigentes de la Federación Sindical Mundial (FSM), así como de sus organizaciones afiliadas, reciban un fraterno saludo clasista.
Nos hemos visto en la necesidad de acudir a ustedes para informarles de situaciones alarmantes que se han presentado continuamente en Venezuela en los últimos años y que ponen en riesgo el libre ejercicio de la lucha laboral y la actividad sindical en nuestro país, en particular de un reciente caso que procedemos a relatarles.
Resulta que el 17 de enero del presente año, la sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado Barinas (SINDITEBA), filial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATEV), fue asaltado por un grupo de policías fuertemente armados y con el rostro cubierto, pertenecientes a diversos organismos policiales, quienes rompieron la puerta de la oficina sindical y golpearon a varias maestras que allí se encontraban, llevándose detenido al Presidente del mencionado sindicato, Profesor Víctor Venegas. Los agentes policiales también sustrajeron computadoras y otros equipos de trabajo de la organización. Resaltamos que el violento allanamiento policial se produjo cuando se realizaba una reunión sindical en la sede.
Horas después se supo que el compañero fue trasladado a la ciudad de Caracas, distante a más de 500 kilómetros de la provincia de Barinas, lugar donde fue detenido. Luego, un comunicado a la opinión pública suscrito por el Fiscal General de la República afirma que el dirigente sindical de los educadores de Barinas fue detenido porque “está involucrado en actividades contra la paz de la República”, relacionándolo con un supuesto plan de conspiración.
Lo cierto es que un par de días antes, el 15 de enero, Día Nacional del Maestro en Venezuela, las organizaciones sindicales del magisterio realizaron manifestaciones pacíficas en distintos lugares del país, exigiendo aumento salarial y la firma de la Convención Colectiva del sector, que tiene varios años vencida. Precisamente en Barinas esa manifestación fue masiva, prácticamente todos los educadores salieron a la calle, pero sin ningún hecho de violencia en las calles de esa pequeña ciudad. ¿Una manifestación pacífica de educadores que con justeza reclaman mejores salarios y pensiones dignas, puede tildarse de “conspiración contra la paz de la República”?
Para tener idea de la justeza del reclamo masivo de los educadores venezolanos, es importante saber que el salario promedio mensual de un maestro o profesor de educación primaria y básica al servicio del Ministerio de Educación de este país, oscila de 16 a 25 US$ mensuales, además de varios bonos que suman unos 100 dólares al mes, pero que no son considerados salarios porque no tienen incidencia en las indemnizaciones de ley ni de contratación colectiva. El pago de bonos a los trabajadores (lo que es conocido como la bonificación del salario) es un mecanismo empleado por el gobierno para que la mayor parte de la remuneración no se tome en cuenta para el cálculo de una serie de beneficios (vacaciones, pagos de fin de año y prestaciones sociales, entre otros) que tienen al salario como base de cálculo. Tal situación ha empobrecido gravemente a los trabajadores de la educación y sus familias, en un contexto de alta inflación y devaluación continua de la moneda nacional frente al dólar; en cifras conservadoras, la canasta básica para una familia trabajadora promedio se calcula en 500 dólares aproximadamente.
El Gobierno alega que el congelamiento de los salarios y su dramática reducción (que está relacionada con la flexibilización de las relaciones de trabajo en nuestro país), se debe a las sanciones ilegales impuestas por Estados Unidos a Venezuela, pero resulta que hay una distribución evidentemente desigual de los recursos de la nación, porque ante la vista de todos, el Gobierno suministra miles de millones de dólares al sector de la banca y del comercio importador para que cuenten con divisas para sus negocios; a la vez, el Gobierno anuncia que las criminales sanciones están siendo retiradas y que hay crecimiento económico, no obstante los salarios de los trabajadores siguen congelados desde hace varios años, al igual que las convenciones colectivas de trabajo. Desde el 2018, los maestros y profesores de la educación pública, además del personal administrativo y obrero de ese sector, no perciben incrementos en sus salarios y otras conquistas contractuales. El salario mínimo nacional desde marzo del 2022 está fijado en 130 Bs, que actualmente equivale a menos de 4 US$ al mes.
Ese es el contexto en el que se produce la detención y el anuncio de proceso penal contra el profesor Víctor Venegas, dirigente sindical de los trabajadores de la educación de Barinas. Pero, tal y como en otras ocasiones lo hemos denunciado, no es primera vez que llevan a cabo la ilegítima privación de libertad de un dirigente sindical. De manera recurrente se aplica la criminalización y judicialización contra sindicalistas y trabajadores en general, que exigen respeto a sus derechos o que denuncian hechos de corrupción.
En junio del 2023 fueron detenidos en el Estado Bolívar los trabajadores y sindicalistas de la empresa Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (SIDOR), Leonardo Azócar y Daniel Romero, luego de apoyar una protesta por cumplimiento de la contratación colectiva de los obreros de una planta industrial de la mencionada empresa. Estos compañeros aún permanecen presos en la ciudad de Caracas y se les abrió juicio acusados de “terrorismo, asociación para delinquir e incitación al odio”. Como ese, decenas de otros casos se han presentado con violaciones al debido proceso, sin que sirvan para nada peticiones y solicitudes ante el Ministerio Público y en tribunales. La criminalización y judicialización de la lucha laboral se realiza de forma recurrente en Venezuela de manera fraudulenta y con graves violaciones al debido proceso, con la intención de producir una intimidación masiva e impedir que la clase trabajadora se levante en lucha en defensa de sus derechos vulnerados.
Es ante esos hechos tan graves que acudimos nuevamente a la FSM y sus organizaciones afiliadas, para solicitarles que expresen solidaridad con la clase trabajadora venezolana y en particular con los dirigentes sindicales y trabajadores no sindicalistas, apresados y procesados judicialmente por realizar luchas laborales, a quienes de manera fraudulenta se les acusan de graves delitos sin que existan pruebas. En los casos inmediatos y concretos que nos ocupan en este momento, les solicitamos se pronuncien por la libertad plena para los dirigentes sindicales siderúrgicos Leonardo Azócar y Daniel Romero, del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS) y para el dirigente sindical de los educadores Profesor Víctor Venegas, Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado Barinas (SINDITEBA o FENATEV-Barinas). De igual manera, les solicitamos manifiesten su repudio a tales prácticas con las que el Estado venezolano ataca la lucha de los trabajadores y judicializa a los dirigentes sindicales.
Es necesario aclararles, estimados compañeros, que los dirigentes sindicales mencionados en esta comunicación no son integrantes de la CUTV, pero el principio de solidaridad de clase y la evidente necesidad de sumar fuerzas para la defensa de los intereses de los trabajadores, nos llevan a asumir como nuestra la lucha contra las aberrantes prácticas antiobreras y antisindicales aquí descritas. En ese sentido, solicitamos oportuna y eficaz solidaridad del movimiento sindical clasista mundial que, históricamente, ha demostrado ser la fuerza más consecuente en la defensa de los explotados y oprimidos, en contraste con el sindicalismo patronal y desclasado.
Apreciados compañeros, estamos prestos para entregarles mayor información. La necesidad de solidaridad es urgente.
Sin otro particular, nos despedimos reiterándoles nuestro fraterno saludo clasista.
Por el Comité Ejecutivo de la CUTV:
Pedro Eusse
Secretario General
