El programa de shock económico ya está en marcha en Argentina. La devaluación que supuso el salto del dólar de 400 a 800 pesos comenzó a impactar de lleno en los precios.

Los combustibles subieron entre 35 y 40 % en un día, al igual que el valor de la carne o de productos básicos como el aceite. Las consultoras prevén que la inflación mensual de diciembre tendrá un piso del 30 %. En noviembre, el alza fue del 12,8 %.

En ese marco emerge la figura de las organizaciones populares y sindicales, que —ante la falta de medidas compensatorias para los asalariados y beneficiarios de prestaciones sociales— reaccionaron difundiendo su estado de alerta e incluso la convocatoria a movilizaciones.

Mientras que la agrupación social Polo Obrero llamó a una protesta para el 20 de diciembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) destacó en un comunicado que no se quedaría "de brazos cruzados".

La anunciada quita de subsidios a las tarifas de servicios tales como la energía eléctrica y el transporte público —cuyo valor podría llegar a quintuplicarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires—, se inscribe en un escenario de cinco años consecutivos de pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Frente a una inflación interanual del 160,9 % —la más alta de los últimos 32 años—, los gremialistas advierten sobre la inviabilidad de un mayor ajuste, que se ejecutaría en una sociedad donde el 45 % de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, de acuerdo con datos de la Universidad Católica Argentina.

La mecha corta

"Estas medidas son un sablazo al bolsillo de la clase trabajadora, que ya está afrontando aumentos en todos los precios del supermercado y que va a sufrir incrementos en el transporte y los servicios. Estamos muy preocupados", señaló Soledad Santellán, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

"Desde 2015 hasta hoy nuestro poder adquisitivo cayó entre un 35 % y un 40 %. En los últimos cuatro años perdimos el 10 % de los ingresos. Durante el 2023 logramos seguir de cerca a la inflación, pero no revertimos la caída previa", remarcó la referente gremial.

El recorte dentro de la plantilla de trabajadores estatales que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo —que consistiría en el cese de las renovaciones para los contratados durante el último año—, halla su correlato dentro de las agrupaciones sociales presentes en barrios populares.

El congelamiento de programas como el Potenciar Trabajo, que consiste en la prestación del equivalente a medio Salario Mínimo Vital y Móvil —hoy fijado en 156.000 pesos, equivalente a 156 dólares al tipo de cambio paralelo— a cambio de media jornada laboral destinada a tareas comunitarias, afectará a un millón de beneficiarios de los sectores más vulnerables.

Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, consideró que "nadie creía que el ataque contra los trabajadores pudiera llegar tan lejos. El Gobierno plantea que el ajuste lo paguen los que menos tienen, cuando durante la campaña había dicho que iba a caer sobre la 'casta política', como la denominó".

Según el activista, "el congelamiento de los planes sociales equivale a eliminarlos. Y mucha gente los necesita para poder comer. Es gravísimo. Hay muchísima gente preocupada por si va a llegar la comida a los comedores populares".

"Los jueces siguen cobrando sueldos excepcionales. Lo mismo ocurre con los diputados y con todo el funcionariado, que tiene enormes ingresos que no van a ser tocados. Hay ganadores y perdedores con esta medida: al final, la 'casta política' salió ganando", denunció Belliboni.

De la asamblea a la calle

Del crudo diagnóstico trazado por los dirigentes se desprende la necesidad de movilizar a los sectores afectados por las medidas en protesta contra el ajuste. "Los sectores populares no tienen margen para aguantar un nuevo ajuste. Los trabajadores no pueden seguir aceptando que les recorten sus ingresos. Si la CGT no declara un paro nacional, los trabajadores vamos a tener que tomar la iniciativa", afirmó el dirigente del Polo Obrero

"Cualquier acción gremial va a ser organizada en conjunto, pero aún tenemos que evaluar cada una de las medidas. Es inevitable que la sociedad salga a reclamar contra el ajuste, porque va a ser brutal", indicó Santellán.

Tras los anuncios económicos —y previendo el grado de resistencia que podrían alimentar—, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó un Protocolo de Orden Público, centrado en la restricción a los cortes de circulación en la vía pública.

Centralmente, la iniciativa ratifica que las fuerzas de seguridad intervendrán frente a piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. "Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, en proporción a la resistencia", prometió la funcionaria.

"Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal. Si se toman las calles, va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país", sostuvo Bullrich en conferencia de prensa.

Desde los gremios, la respuesta no tardó en llegar: "La criminalización de la protesta social no es algo nuevo. Cuando un trabajador se queda sin el pan en la mesa de su familia, sale a reclamar. El ajuste solo puede sostenerse con represión", aseveró Santellán.

Belliboni coincidió en la lectura sobre la medida tomada por el ejecutivo: "El Gobierno ha dicho que 'dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada'. Si reprimiera una protesta, estaría actuando por fuera de la ley. Vamos a defender nuestros derechos, siempre de forma organizada y pacífica".

"No vamos a enfrentarnos a la represión, sino que vamos a movilizarnos contra una política que es, en los aspectos sociales, tremendamente represiva. No se reprime solamente con un palo, también se ataca quitando la comida de la mesa. Queremos evitar cualquier tipo de estallido, pero reclamamos que no se deterioren más los ingresos del pueblo trabajador", apuntó el dirigente.

Izquierdistas convocan para el próximo 20 de diciembre

Las fuerzas políticas de izquierdas han convocado para el próximo 20 de diciembre las primeras protestas contra los ajustes económicos anunciados por el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei.

Esa fecha es la que conmemora todos los años la grave crisis de 2001 en Argentina, que desencadenó un grave escenario económico y social en el país suramericano y motivó la dimisión de los presidentes Fernando de la Rúa (1999-2001) y Adolfo Rodríguez Saá (2001).

El último lunes, el dirigente piquetero Eduardo Belliboni explicó que los activistas por los derechos laborales "no van a aceptar que haya un retroceso social" en Argentina.

"Lo que pasa (con los anuncios adelantados ayer por Milei en su primer discurso presidencial) es que hay gente a la que le va muy mal, que pierde el trabajo o que tiene dificultades para comer. Con las barbaridades que dijo ayer (Milei), no vamos a querer que le vaya bien, vamos a ratificar que le vaya mal y vamos a movilizarnos", aseguró en una entrevista en la cadena AM750.

Eduardo Belliboni agregó: "¿Otra vez nos vienen con el cuento de la luz al final del túnel? También nos dijeron que había que pasar el invierno y al final del camino tenés un desastre económico y tenés que han saqueado este país. Mientras nosotros nos apretamos el cinturón, ellos se están llenando los bolsillos".

CRITICAN A MILEI

Por su parte, varios dirigentes de la izquierda a nivel nacional han criticado duramente las posiciones de Javier Milei y han llamado a su militancia a manifestarse el mismo 20 de diciembre.

"En los paneles (tertulias) de televisión, Milei se mostraba disruptivo, pero ahora es un ajustador clásico, hecho y derecho", consideró la excandidata presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman.

Con información de Sputniknews / Willax.