10-11-23.-Trabajadores del sector construcción que laboran para Venezolana de Proyectos Integrales (Vepica) denunciaron a la compañía ante autoridades laborales por atropellos, incumplimientos y violaciones a la contratación colectiva.
“Denuncio a la empresa Vepica por cometer de manera reiterada violaciones a la Ley del Trabajo y a nuestra normativa laboral vigente perjudicando a la masa laboral. Esto se refiere a despidos masivos, pago a destiempo de los útiles escolares, pago a destiempo de las utilidades, las cuales fueron canceladas las del 2022 en el año 2023. Esta empresa se ha encargado, a través de sus representantes y el sindicato, a escamotear los beneficios de los trabajadores. Nos estamos organizando para hacer esta denuncia ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro y al defensor del Pueblo para que le metan la lupa a esta empresa”, expuso Pedro Franco, empleado de Vepica en el proyecto Topca, línea II de Ferrominera Orinoco.
De acuerdo al portal Correo Del Caroní, los denunciantes responsabilizan de la situación a Yaher Berenguel, jefe del Departamento de Relaciones Laborales; Wilfredo Alberto Graterol, gerente de proyectos; y José Rodríguez, apoderado judicial de la empresa.
Asimismo señalaron a Rubén Escalona, quien es el presidente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria de la Construcción de proteger a las autoridades de la compañía.
Sobre esto, los afectados refirieron que se procesó una denuncia a través del Ministerio del Trabajo, pero que continúan con el acoso y persecución laboral, así como con la ejecución de despidos injustificados.
Violación a contratación colectiva
Tal como otras compañías del estado Bolívar, el personal de Vepica aduce que la empresa ha dejado de cumplir con las obligaciones emanadas de la contratación colectiva incurriendo en acciones como la retención del salario y el impago de beneficios.
A su vez denuncian que la compañía dejó de asistir a la mesa de negociación que habían instalado con la mediación de la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz.
“Pedimos al presidente Nicolás Maduro, al fiscal general de la República, al ministro del Trabajo y al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana que hagan los correctivos pertinentes”, cerraron.
