Además de que la política laboral impuesta, desde 2018, quebranta la normativa legal que regula esta materia, basta observar las penurias que viven los trabajadores, como consecuencia de la pérdida progresiva de sus derechos y conquistas laborales, para afirmar que es una política fraudulenta.
Ya antes mencionamos que el Memorando Circular 2792 del Ministerio del Trabajo que regula las Contrataciones Colectivas es punto de partida de esta política.
Mientras el gobierno en 2018 pone en marcha el "Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica", del cual surgió el mencionado Memorando Circular, en PDVSA ocurrían hechos que meses atrás supimos terminaron conduciendo al descomunal desfalco de más de 3.000 millones de dólares, provenientes del ingreso petrolero. Algunas versiones sostienen que los montos desfalcados sobrepasan los 20.000 millones de dólares, la poca transparencia con que se ha manejado el tema de la lucha contra la corrupción por parte del gobierno hace creíbles estos señalamientos, pero eso forma parte de otra discusión.
Volviendo a la política laboral actual, es importante acotar que, en el marco de este programa de 2018, se incrementó el salario mínimo a los trabajadores a $30 mensuales (equivalentes a medio petro). Pero no vale la pena aclarar que dicha medida apenas surtió efectos momentáneos a la clase trabajadora ya que como resultado de la hiperinflación inducida el salario en poco tiempo se vio reducido a miseria, mientras los precios de las mercancías se elevaban indiscriminadamente.
Así llegamos al año 2022 cuando, después de haber ganado cierta estabilidad política y del fracaso rotundo del plan de derrocamiento del gobierno, por parte de la op0sicion extremista aliada con interés estadounidenses, se vuelve a incrementar el salario a los trabajadores para permitirles un respiro después de más de tres años sobreviviendo en una economía de precariedad y escasez extrema.
El 1 de mayo del 2023 con la oficialización de la "bonificación del ingreso" se formaliza lo que desde enero ocurría, el ingreso de los trabajadores comenzó a ser elevado otorgando bonos a través del Sistema Patria, pero manteniendo invariable el salario y casi que extinguiendo el "salario mínimo", que antes de la política laboral iniciada en 2018 fue el referente fundamental en las políticas laborales de los gobiernos, incluidos los de la cuarta república.
Es conveniente acotar que la Constitución Nacional (1999) establece en su artículo 91 "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para si y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales…" y más adelante"…El Estado garantizara a los trabajadores y trabajadoras del sector público un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica…"
Son incontrovertibles las evidencias de que el Estado, como ente impulsor de la política laboral, con la política implementada desde 2018 vulnera lo estipulado en la Carta Magna en lo referente al salario. Pero no digamos ya que solo manteniéndolo muy por debajo de lo que le permitiría al trabajador y su familia una "vida digna", sino incluso pretendiendo erradicar el concepto mismo de salario y sustituirlo en los hechos por el concepto de "ingreso".
Nada que añadir en cuanto a la vulneración de lo que estipula la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores y las Trabajadoras (2012) respecto al salario y otros beneficios laborales, entre ellos el derecho a prestaciones y el derecho de los trabajadores a discutir con el patrono Contrataciones Colectivas, entre otros.
Pero salgamos de la materia legal y veamos cómo se expresa en el terreno de los hechos, en la vida concreta de los trabajadores, la política laboral.
Es bien sabido por todos que el "salario mínimo", después de 15 meses se mantiene en 130 Bs., que al día de hoy (considerando la tasa BCV de 26,63 Bs x dólar) equivalen a $ 4,88 mensuales. Así un trabajador que al devenga este salario, al que se le debe añadir el "ingreso" correspondiente a los "bonos", implementado el 1 de mayo de $70 ($30 bono de guerra más $40 de Bono alimentación), termina recibiendo $ 74,88 mensuales.
Mientras estudios del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) de mayo 2023 indica que la canasta alimentaria ronda los $390, un trabajador percibe apenas $74,88 mensuales. Lo que corresponde a un 19,2 % del monto que recibe el trabajador, lo que evidentemente no le permite vivir con dignidad ni cubrir para si y su familia las necesidades básicas materiales. Vale aclarar que de este ingreso apenas un 6,5% corresponde a salario, el resto como bien se ha dicho lo recibe como "bonos", por lo que estos ingresos no incidirán en vacaciones ni en prestaciones sociales del trabajador.
Son millones de venezolanos afectados por esta política laboral que mantiene a la clase trabajadora en una de las peores crisis de los últimos tiempos, como hemos dicho antes, las reacciones no se han hecho espera. El sector de los maestros, uno de los más golpeados, mantiene un conflicto laboral con el patrono que ya suma 5 meses, sus demandas son: incremento salarial, pago de deudas y firma de CC.
A pesar de mantener una política laboral fracasada durante tanto tiempo, los responsables de dicha política se han paseado por diversas narrativas: las sanciones, el fin de la Venezuela pospetrolera, los trabajadores no son productivos en el país, etc. Pero con el paso del tiempo los trabajadores, más allá de posturas ideológicas, han de asumir la lucha unitaria en defensa de conquistas históricas que amenazan con ser desparecidas desde un gobierno que pretende representar a los trabajadores y a las mayorías mientras impone políticas que favorecen a solo a minorías.
