Hace 30 años, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El consenso era y es hoy en día casi total sobre el tema: las democracias necesitan de prensa «libre», «pluralista» e «independiente» para fortalecerse.
La relación entre prensa (libre) y democracia es una sólida muestra de eso que Marx y Engels llamaron «ilusiones de época», y que –palabras más, palabras menos– consiste en esto: los medios de comunicación son instituciones independientes del poder político. Neutrales, objetivos, apegados a los hechos; si hay una palabra que puede definir sus cualidades es la transparencia. Los medios de comunicación son los «perros guardianes» de la democracia; están más allá del bien y del mal; de este partido o aquel juez. Son, en resumidas cuentas, un contrapoder.
Sin duda es una bella historia; todo encaja perfectamente. No obstante (y por fortuna) antes de que la ONU institucionalizara este relato ya había algunas voces haciendo preguntas incómodas al respecto. Una de esas fue la del abogado estadounidense Jerome Barron a principios de los 70: ¿libertad de prensa para quién?
La respuesta no debe sorprendernos: la libertad de prensa en el capitalismo es sinónimo de libertad de empresa y, por ende, es libertad para un puñado de personas, precisamente esas que son –en palabras de Rodolfo Walsh– los dueños de todas las cosas, es decir, los dueños de los medios de producción y sus operadores políticos. La libertad de prensa es libertad para las élites, ha dicho acertadamente el profesor colombiano Omar Rincón.
Son numerosas las restricciones que impone esta manera de funcionar las cosas; no vamos a agotar este espacio enumerándolas. Sólo presentaremos una ellas: la libertad de prensa, entendida como libertad de empresa y más allá todavía, como un pilar de la libertad de mercado, condiciona el debate público en la medida en que se polariza entre actores (esos que sí tienen con qué para participar en él).
PRENSA Y LUCHA DE CLASES
Un caso paradigmático en la vida política nacional es la abierta censura que el Gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto al Partido Comunista de Venezuela (PCV). Los designios del jefe de Estado no solamente se expresan en la ofensiva que mantiene el canal VTV (controlado por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) para hacer creer a la opinión pública que existe una «rebelión» de lo que ellos llaman «las bases del PCV» contra el Comité Central del partido, sino que trasciende hacia los medios privados que en los últimos procesos electorales se han negado a dar cabida a las candidaturas de las y los comunistas por temor a perder sus concesiones; cuestión, por cierto, que da al traste con la fábula de la prensa libre y su lucha por la democracia en Venezuela.
Pero no pensemos que los defensores de la libertad de prensa (de las élites) no tienen sus batallas. Al contrario, hay combates diarios en todo el país. Por ejemplo, contra las expresiones genuinas del Poder Popular. Tal es el caso reciente de El Canto de la Guacamaya,una emisora comunitaria de la parroquia San Pedro de Caracas a la que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones –en complicidad con expresiones locales del PSUV– le negó el derecho de renovar la junta directiva de la fundación con la participación de las bases organizadas de la comunidad.
También hemos recibido noticias de «expulsiones» de activistas de grupos asociados al Consejo Estatal de Medios Comunitarios de Caracas por denunciar esta arbitrariedad. Y qué decir del sitio web Aporrea, que justamente surgió en mayo de 2002 como una respuesta de comunicación popular al golpe de Estado y hoy en día es objeto de ciberataques y bloqueo por parte del propio Gobierno.
La libertad de prensa (de élites) teme a la potente voz de los de abajo. Es por ello que no vemos a los actores políticos y sociales que no están alineados con el pacto entre el Gobierno y la oposición de derecha en el horario estelar del canal del Estado y mucho menos en los principales medios privados. El asunto, una vez más, es de clase.
*Artículo publicado en la edición N° 3.038 de Tribuna Popular, mayo 2023.