8 de junio de 2024.- Organizaciones campesinas e intelectuales internacionales presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra de los expresidentes Alejandro Giammattei Falla y Jimmy Morales; la fiscal general, Consuelo Porras; el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y la fiscal Cinthia Monterroso, a quienes señalan de delitos de lesa humanidad cometidos en Guatemala.
Ramón Cadena Ramila, abogado especializado en derechos humanos conversó con Prensa Comunitaria sobre la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI), ubicada en la Haya, Países Bajos.
La denuncia fue presentada en contra de la fiscal general Consuelo Porras Argueta, los integrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y en contra de los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, por delitos de lesa humanidad. Cadena explicó los pormenores de esta acción legal internacional y sus implicaciones para Guatemala y los denunciados.
¿Quiénes son los denunciados?
Se han incluido en esta denuncia, además de los expresidentes, a la fiscal general, Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche Cucul y a la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso.
¿Cuándo se presentó la denuncia?
Fue presentada el 5 de junio, de manera virtual. La Corte Penal Internacional está en los Países Bajos, y reunir a todos los denunciantes en un solo lugar era complicado. Algunos denunciantes están en Guatemala, otros en Colombia, Francia, España y otros países.
¿Quiénes son los denunciantes?
Quiero resaltar que se trata de una denuncia en donde se unieron grupos de líderes campesinos e indígenas guatemaltecos, con grupos de intelectuales internacionales y su servidor. Somos diez denunciantes, incluyendo comunidades campesinas como CODECA y FRENA de San Marcos, y varios intelectuales europeos y americanos. Entre ellos destacan el jurista español y magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín; el abogado suizo Patrick Zahnd; el dirigente comunitario Feliciano Velásquez, de FRENA San Marcos; el dirigente comunitario Mauro Vay de CODECA; así como una abogada colombiana y otra profesional norteamericana.
¿Cuál es el delito específico que se les señala?
El principal cargo es la persecución como crimen de lesa humanidad. Esto implica la privación intencional y grave de derechos de manera generalizada y sistemática, no solo contra periodistas y jueces, sino también contra fiscales, abogados, dirigentes comunitarios y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
¿Cuál es el proceso que sigue la Corte Internacional para conocer el caso?
Hemos presentado un expediente completo con pruebas, unos 150 folios de denuncia y un listado de casos. La Corte debe leer, estudiar y determinar si procede la investigación. El fiscal recomendará a la sala encargada si se abre una investigación. Es un proceso largo, pero hemos pedido que se investigue y ordene el arresto de estos funcionarios lo más pronto posible para evitar que sigan cometiendo más delitos.
Menciona que han presentado un listado de casos para sustentar la denuncia, ¿Podría mencionarnos algunos?
Mencionamos el caso de Comisiones Paralelas 2021, que originó el informe del fiscal Juan Francisco Sandoval y una acción de inconstitucionalidad. También incluimos casos de corrupción como el contrato de las vacunas Sputnik, donde no se está persiguiendo al expresidente Giammattei; el libramiento de Chimaltenango, un proyecto del gobierno de Jimmy Morales. Presentamos pruebas y entrevistas relevantes, como la de Carlos Castresana y el documental “Seré Asesinado” de Justin Webster, sobre el caso Rosenberg.
La denuncia presentada señala la persecución como crimen de lesa humanidad. ¿Qué casos se mencionan en la denuncia sobre persecución?
En la denuncia incluimos casos de criminalización de operadores de justicia, como el caso de Eduardo Pantaleón y Estuardo Campos, quienes fueron perseguidos por luchar contra la impunidad. Están los casos de jueces en el exilio, como el de Miguel Ángel Gálvez y Erika Aifán, y otros jueces destacados en informes de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También, se incluye el caso de la persecución a periodistas como la de Jose Rubén Zamora y estudiantes, docentes, trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
¿Qué implicaciones tiene esta denuncia para los involucrados?
Esperamos que la CPI actúe con celeridad para detener a las personas señaladas y evitar que sigan cometiendo delitos. Esta denuncia no solo busca justicia para las víctimas directas, sino también frenar la impunidad que prevalece en Guatemala.
¿Cuál es la importancia de esta denuncia para la comunidad internacional?
La participación de intelectuales europeos y profesionales de alto perfil en derechos humanos resalta la gravedad de la situación en Guatemala. La comunidad internacional está cada vez más consciente de la impunidad en nuestro país y esta denuncia busca movilizar esfuerzos globales para combatirla.
