Después de un accidentado proceso contaminado de triquiñuelas y artimañas urdidas desde la oficina del Fiscal Barbosa -y su amanuense, la ex Vice Fiscal Mancera-, como también desde el interior de la Corte Suprema de Justicia, donde aún se siente el respiro del Cartel de la Toga, fue elegida la nueva Fiscal General, cargo que será ocupado en adelante por la prestigiosa jurista Luz Adriana Camargo.

Se necesitó de una posición vigorosa y consecuente del presidente Petro, quien presentó y defendió la terna correspondiente con 6 meses de antelación, integrada por 3 prestigiosas profesionales del derecho y de la contundente movilización ciudadana exigiendo definiciones oportunas en el nombramiento del nuevo Jefe o jefa del ente acusador, para cortar de tajo la enorme crisis en dicha institución.

La nueva Fiscal es una destacada jurista con una trayectoria implacable en la lucha contra la parapolítica y la corrupción en el Estado. Junto al hoy Ministro de la Defensa, Ivan Velásquez, destaparon, judicializaron y encarcelaron la parapolítica orquestada en los dos gobiernos de Uribe Vélez. En su acción contra la corrupción hizo parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de la ONU, que permitió llevar a la prisión decenas de políticos y hasta presidentes de la república.

La nueva fiscal tiene el inmenso reto de erradicar la cooptación de la Fiscalía por parte de poderosas bandas criminales asociadas con el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción, especialmente en las regiones donde las oficinas departamentales están secuestradas por bandas mafiosas. La Fiscalía del Quindío lleva décadas al servicio de supuestos mafiosos uribistas como Gildardo Ceballos y Toto.

El presidente Petro ha señalado "que el avance de cooptación del crimen sobre la Fiscalía, que es lo peor que le podía suceder a la nación, ha avanzado, por lo que, en este momento, hay grupos criminales que han logrado detener las investigaciones sobre ellos y eso ha venido carcomiendo espacios del ente investigador.

Camargo tiene por delante una enorme tarea por realizar en la acción judicial contra delitos de alto impacto, responder a la demanda de justicia por parte de la ciudadanía para acabar con la impunidad, recuperar la confianza en la institucionalidad del ente acusador, así como redoblar la lucha contra la corrupción y los delitos de cuello blanco, con líneas de operación referidas a enfoque territorial, análisis criminal con tecnología, fortalecimiento de rutas para víctimas y un rediseño de indicadores de gestión.

Entregar datos abiertos y completos reflejará el compromiso de la nueva titular de la Fiscalía con la transparencia y la rendición de cuentas. La oferta abierta de miles de datos judiciales le permitirían a las comunidades realizar la veeduría sobre el desempeño de la Fiscalía, para ahí si diagnosticar y debatir públicamente sobre lo que funciona bien y lo que podría mejorarse.

Camargo tiene unos casos críticos que debe abordar rápidamente como:

Primero. el robo al Ocad paz en el que funcionarios de Planeación Nacional, la Contraloría General, congresistas, gobernadores, alcaldes y contratistas organizaron un entramado de corrupción para quedarse con medio billón de pesos aprobados para la implementación de los acuerdos de paz de 2016; fenómeno que aun persiste bajo el amparo de las nuevas neo tecnocracias del Sistema General de Regalías del DNP y la Secretaria técnica del Ocad Paz.

Segundo. El reciente escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo UNGRD y la adquisición delictual de decenas de carro tanques por Olmedo López y sus secuaces.

Tercero. Las espantosas situaciones de corrupción en el DPS, esquilmado por las marionetas parlamentarias.

Cuarto. Lo del ICBF es urgente al tenor de las recientes denuncias del presidente Petro.

Quinto. Es necesario esclarecer lo del PAE, el robo al Sistema General de Regalías en el caso del ex gobernador Zuluaga en el Meta.

Sexto. Profundizar en la situación de la SAE donde se siguen entregando a dedo bienes, tierras, apartamentos y universidades incautadas entre amigos de altos funcionarios de esa entidad con cargos claves.

Séptimo. No dejar en la impunidad los supuestos delitos de Uribe Vélez es clave. Lo mismo que el caso de Odebrecht.