Cuando el profe Pedro Castillo ganó la elección presidencial a Keiko Fujimori —en segunda vuelta y por un ajustadísimo margen de 50.125% contra el 49.875%, una diferencia de poco más de 40 mil votos en un país de 33 millones de habitantes—, tenía dos caminos posibles.

El primero, era sacar a la calle al pueblo de las regiones históricamente olvidadas por las élites políticas, económicas y mediáticas, frente a las clases medias y altas de la capital Lima, que con un 35% del padrón electoral, había sido quien tradicionalmente definía el Presidente del Perú. Sacar a la calle a un pueblo que demandaba una nueva Constitución en sustitución de la promulgada por Fujimori en 1993. Convocar a una Asamblea Constituyente que, frente al poder de un Parlamento unicameral pensado como contrapeso al poder presidencial, hiciera surgir un poder capaz de generar los equilibrios necesarios.

El otro camino, la otra alternativa, era intentar gobernar. Y Pedro Castillo, en el que —ahora es fácil decirlo— fue su primer gran error, escogió gobernar.

El problema es que tenía que gobernar en la cancha (un sistema institucional perverso y totalmente inclinado y diseñado en detrimento de los intereses populares), con las reglas (la Constitución de Fujimori), y con el árbitro en contra (un Parlamento con mayoría fujimorista y minoría de izquierda).

Una vez que Pedro Castillo escogió intentar gobernar, se puso en marcha un proceso destituyente impulsado por el fujimorismo con la cobertura de los oligopolios mediáticos. Y obviamente nunca pudo gobernar con un Congreso ultrafragmentado al que tenía que pedir permiso hasta para nombrar ministros y ministras.

Pero el fujimorismo tenía un arma tan perversa como poderosa, el artículo 113 de la Constitución que establece entre las diferentes causas para la vacancia del Presidente (algunas son de sentido común como la muerte o renuncia) la "permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso".

La primera moción de vacancia por permanente incapacidad moral llegó en noviembre, a tan solo cuatro meses de haber ejercido el cargo, siguió una segunda en marzo de 2022, y la tercera y última, este diciembre. Para ilustrar los poderosos argumentos de la oposición parlamentaria a Pedro Castillo no hay más que leer los 20 puntos de la segunda moción de vacancia, donde además de acusar a Castillo de mentir sistemáticamente, se afirma que "no ha reflexionado, y menos corregido su conducta; muy por el contrario, ha insistido en defender sus actos". No hay más palabras, señoría.

Pero si tomamos cualquier definición en ciencia política de golpe de Estado (traducción del francés coup d’État), que normalmente se entiende por una usurpación (muchas veces violenta) del gobierno de un país, y que claramente podemos visualizar en lo sucedido en 2019 en el país vecino, la hermana Bolivia, podríamos afirmar que los únicos golpistas eran los que intentaron usurpar desde el poder legislativo el poder ejecutivo mediante mociones de vacancia por permanente incapacidad moral.

No es el objetivo de este breve análisis señalar a toro pasado los errores de Pedro Castillo: si gestionó mejor o peor la post pandemia y vacunación, si debía haber sido más duro o más inflexible tanto con la izquierda caviar como con sus (ex) aliados de Perú Libre, si Aníbal Torres tenía más o menos poder que el que debería como Presidente del Consejo de Ministros, menos aún si Pedro Castillo se equivocó al aislarse o buscar a la OEA como tabla de salvación/legitimación. Ni siquiera si había votos suficientes para la moción de vacancia o fue torpe, por no decir suicida, su proceder en las últimas horas de su mandato.

Nada de lo anterior justifica el golpismo parlamentario del fujimorismo y sus aliados políticos, económicos y mediáticos, ante el silencio cómplice de la comunidad internacional, y la soledad en la que lo dejó de una buena parte de la izquierda que sigue buscando revoluciones en su formato clásico del siglo XX, y no entiende (por no decir desprecia) lo popular y las formas de representación, llenas de contradicciones, que encuentra para disputar el poder.

Ahora le toca el turno a Dina Boluarte, la sexta Presidenta en seis años de un país que un día fuera gobernado por el Mariscal Santa Cruz. Ante ella la disyuntiva se repite por segunda vez (y si la primera ha terminado en tragedia con el encarcelamiento de Pedro Castillo, esperemos esta segunda no termine en farsa): o intenta gobernar y terminar el mandato en 2026, para lo que tendrá sin duda que pactar con los golpistas, que es una buena parte de su gabinete (y políticas), o adelanta las elecciones para colocar de nuevo la Asamblea Constituyente en el horizonte.

Mientras tanto, ya va siendo hora de cambiar la pregunta que Vargas Llosa hace en Conversación en la Catedral de "cuándo se jodió el Perú", por la de quienes jodieron el Perú. Al Perú lo jodieron, y lo siguen jodiendo, los golpistas políticos, económicos y mediáticos, con la complicidad de algunos sectores de la izquierda, que no respetan la voluntad de las mayorías sociales.