El expresidente de la República, Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, ha solicitado este martes su liberación e inmediata reposición en el cargo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El encargado de dar la noticia fue el exministro de Defensa, Walter Ayala, quien es el defensor legal de Castillo Terrones. A través de su cuenta personal de Twitter, indicó que la medida se adoptó ante la demora del Poder Judicial por resolver la acción de amparo a favor de patrocinado que busca recuperar su libertad.
El 31 de enero pasado, Ayala presentó el recurso que apunta a anular la vacancia por incapacidad moral permanente que el Congreso de la República adoptó contra el exmandatario tras escuchar un mensaje a la Nación en el que anunciaba la disolución de este poder del Estado y un reordenamiento de las principales instituciones fiscalizadores del país.
Según el abogado, esta decisión en el fuero parlamentario es nula porque se vulneró el debido proceso, los plazos y tampoco se alcanzó los 104 votos requeridos para destituir a Castillo. Con estos puntos, Ayala considera que los congresistas no respetaron su reglamento y la Constitución Política.
La Tercera Sala Constitucional de Lima señaló que el recurso presentado cumple con los requisitos de admisibilidad a trámite.
El poder Judicial peruano admitió la demanda de amparo, presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, para anular la resolución emitida por el Congreso en la que se dispuso su vacancia por incapacidad moral.
La Tercera Sala Constitucional de Lima señaló que el recurso presentado cumple con los requisitos de admisibilidad a trámite.
Además fijó para el día 23 de junio la audiencia virtual en la que se evaluará el recurso, con la participación de expresidente Castillo y las demás partes involucradas.
Se dispuso que la demanda sea puesta en conocimiento de los procuradores de Poder Judicial y del Parlamento para que presenten sus descargos en un plazo de 10 días.
La defensa del expresidente está buscando que el poder Judicial declare improcedente el proceso en su contra. Dentro de los argumentos de la defensa, se sostiene que Castillo nunca llegó a cometer el presunto delito de rebelión, en tanto no se concretó el golpe de Estado.
