El reciente acuerdo gasífero firmado entre Venezuela y Trinidad debería haber generado diversas reacciones e inclusive cuestionamientos en el país, siguiendo la línea de pensamiento crítico necesario, especialmente debido a la participación de las empresas inglesas en el convenio y en general del gobierno inglés que apoya a Guyana en contra de nuestro reclamo histórico de recuperación del territorio.
Esta participación comercial inglesa es inconveniente para Venezuela con consecuencias negativas que se pusieron en evidencia con la presencia de un buque de guerra ingles enviado a Guyana inmediatamente después de la firma del convenio. ¿Se tomaron las necesarias salvaguardas en el contrato para defender nuestra autonomía en la defensa de nuestros recursos naturales? ¿Se puede retirar Venezuela de este convenio libremente cuando vea que su continuación perjudica de algún modo al país? ¿Son las condiciones en que se ha firmado el convenio, irreversibles? ¿De iniciarse la explotación del gas y si los ingleses envían, por decir algo, tres o más buques de guerra en apoyo a Guyana y contra Venezuela, continuaría la producción según el convenio?
Otro aspecto preocupante es el historial de algunas de estas empresas inglesas en apoyo a las sanciones contra Venezuela ya que si han mantenido una posición ética cuestionable se deben plantear dudas sobre la transparencia y legalidad de este acuerdo. Este acuerdo y otros ya firmados o a punto de hacerlo que tienen como objetivo fortalecer la recuperación y la producción en materia de energía en el país, se están realizando con todos los países que han actuado con saña en la aplicación de restricciones no solo a la producción petrolera venezolana sino en general a toda el comercio y producción nacional e inclusive a la vida de la población, actuándose como si nada hubiera pasado y ya todo está olvidado. ¿Es realmente beneficioso para Venezuela actuar de esa manera? Sin participación popular. ¿Se está protegiendo a la población y su proceso político revolucionario?
No lo sabemos ya que los términos de lo convenido son secretos, cuando la mejor defensa del país es la participación popular en alguna de sus formas, en este convenio y los que vendrán, los cuales también solo se están negociando al nivel tecnocrático. No hay que olvidar que en este nivel estaban ubicados personajes como Rafael Ramírez y Tarek El Aissami que gozaban de toda la confianza del gobierno y del partido y que ocasionaron un daño inmenso al país y que todavía los sufrimos.
Por otra parte el gobierno publicita regularmente el impulso a una política de producción. Por ello creo que además de PDVSA otras empresas venezolanas de diversos sectores productivos deberían ser incluidos en el desarrollo de la posible reactivación de la industria petrolera y gasífera, para lo cual es necesario también incluir en esas negociaciones y en el conocimiento y discusión de los convenios y contratos a las gerencias de esas empresas, publicas, privada, cooperativas, Banca Nacional para la circulación de los ingresos en la economía venezolana, Sindicatos, etc. con el fin de elevar el valor agregado del producto final e incrementar la soberanía productiva y tecnológica nacional país y la posibilidad de que las ganancias generadas por esta asociación se queden un mayor tiempo en el país.
Uno piensa que esta posibilidad debe ser aceptada tanto por la Gerencia de PDVSA como el BCV quieran o no quieran, pero habrá que esperar y veremos.
En conclusión, la firma del acuerdo gasífero entre Venezuela y Trinidad con la participación de empresas inglesas plantea importantes áreas problemáticas sobre la soberanía del país, la ética de estas compañías involucradas y los beneficios reales para el pueblo venezolano al impulsar el valor agregado y el desarrollo integral productivo del país. Necesitamos el dinero pero más necesitamos la seguridad y lograr el desarrollo según nuestros propios términos y consideraciones históricas, nacionalistas y socialistas. Creo por ello que es fundamental evaluar detenidamente los términos y condiciones de este acuerdo para así promover la transparencia revolucionaria y el bienestar de la población venezolana.
