22 de abril de 2024.-De cara a las venideras elecciones presidenciales, la disputa entre las corrientes de derecha –tanto en el Gobierno como en la oposición– por el control del poder político, se agudiza. Mientras ambos polos responsables de la catástrofe nacional luchan en beneficio de sus mezquinos intereses económicos, el pueblo trabajador paga las consecuencias de una crisis sin precedentes.
Los partidos burgueses agrupados en la denominada Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denuncian el «incumplimiento» de los acuerdos de garantías electorales suscritos en Barbados con del Gobierno de Nicolás Maduro, colocando sobre la mesa la posibilidad del restablecimiento de algunas de las ilegales y criminales medidas coercitivas unilaterales del imperialismo contra Venezuela.
Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos, que había amenazado con no renovar la Licencia General N.º 44 y bloquear nuevamente las operaciones de Venezuela en materia petrolera y gasífera, ha optado por sustituirla por la Licencia General N.º 44A. Este nuevo instrumento prohíbe todas las operaciones que habían sido previamente permitidas, así como la libertad de cualquier empresa de establecer negociación con el Estado venezolano y Petróleos de Venezuela (Pdvsa); obligándolas a gestionar su respectiva licencia ante la Oficina del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, como condición para mantener sus operaciones en Venezuela o firmar nuevos acuerdos, tal como lo ha hecho hasta ahora Chevron.
Ante este escenario, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) reitera su condena al restablecimiento de la ilegal «sanción» extraterritorial con la que el imperialismo estadounidense pretende tutelar la economía venezolana; lo cual representa una flagrante violación al derecho internacional y a la soberanía de nuestro país.
Sin embargo, advertimos a la clase trabajadora venezolana que los partidos de la burguesía son quienes promueven la aplicación de «sanciones» y sacan provecho de ellas, sin importarles las desastrosas consecuencias para el pueblo: Desde 2019, los partidos de la PUD se valieron de las medidas coercitivas unilaterales para apropiarse de la riqueza pública y activos de la nación en el extranjero; y, al mismo tiempo, el Gobierno-PSUV utilizó las «sanciones» para aplicar leyes inconstitucionales como la llamada ley antibloqueo o la ley de Zonas Económicas Especiales, con el fin de desaplicar los controles constitucionales y así justificar el saqueo del país, como por ejemplo, la estafa por 23.000 millones de dólares revelada –sin ningún estupor– en Pdvsa.
Es así como se comprende que poco después de conocerse la Licencia General 44A, el ministro de Petróleo y presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, en lugar de condenar esta grosera injerencia imperialista, haya exhortado a las empresas a solicitar su respectiva licencia individual ante la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, con la seguridad de que les será otorgada. Es evidente que esta nueva maniobra también es parte de los acuerdos y negociaciones entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y de Joe Biden.
La reimposición de las «sanciones» lejos de abrir paso a elecciones con garantías para todos los actores políticos, son la excusa perfecta para que el Gobierno-PSUV fragüe un proceso fraudulento; única vía que les permitiría ganar frente al gigantesco rechazo que genera su política antiobrera y antipopular.
Desde el Comité Central del PCV llamamos al pueblo trabajador de la ciudad y el campo a condenar este macabro juego de los partidos burgueses, en el que los únicos ganadores son los empresarios y los monopolios imperialistas. La reimposición de «sanciones» a la que apuestan ambas fuerzas, sólo sirve para justificar el congelamiento de salarios, la destrucción de derechos laborales, las privatizaciones y la entrega del país a las transaccionales en condiciones leoninas.
¡Gobierne quien gobierne, los derechos del pueblo trabajador se defienden!
IX Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela