La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, coloca en manos de los directivos del Banco Central todo lo concerniente a la Política Monetaria de la República y lo vincula –estrechamente- con la política de precios de la Nación, como lo expresa el artículo 318 Constitucional: "…El objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar…" Estabilidad de precios, es síntoma de control de la inflación y esto último, es síntoma de un Bolívar estable; paradigmas éstos, que la guerra económica dirigida desde Washington, ha vulnerado y, con ello, han llevado al fracaso las políticas que desde el BCV y, en connivencia con el Ejecutivo Nacional, se han implementado para conseguir los fines propuestos constitucionalmente. La propia Constitución Bolivariana, es sumamente severa contra quienes debiendo haber alcanzado los fines Constitucionales propuestos, y no lo hayan logrado. A tal fin, el artículo 319 Constitucional, sanciona: "…El incumplimiento sin causa justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones administrativas, de acuerdo a la Ley." No obstante, tal mandato se ha convertido en letra muerta, habida cuenta, que la propia Constitución lo enuncia como Política de Estado, artículo 320 Constitucional: "El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social." Y con ello, democratiza las responsabilidades, al punto, que al final de cuentas nadie es responsable, todos somos responsables, todos somos culpables, nadie es responsable, nadie será sancionado por las culpas de todos que causan unos pocos.
En reciente acto público, el Presidente Constitucional, hno. Nicolás Maduro, en sentido autocrítico, se cuestionaba por la agresiva especulación que existe con los precios de todas las mercaderías a nivel nacional: "Ya hemos llegado a un punto de equilibrio que nos costó sangre, sudor y lágrimas para que haya Precios Acordados y justos para el pueblo. No puede ser que los precios se disparen por especulación, por falta de gobierno, por guerra económica, ¡No! Por falta de gobierno, lo digo porque cometemos errores de gobierno y no logramos los Precios Acordados, asumo toda la responsabilidad y es la crítica que he hecho al gobierno mismo…" El silencio, y la mirada al horizonte de su Vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, era todo un poema a la incompetencia e ineficiencia, pues si en alguien encomendó, el hno. Nicolás, esa misión fue en él. No obstante, pasados dos años ya de encomendada esa misión, la realidad dicta mucho de haberse concretado la misma. Peor aún, la respuesta de la banda terrorista de Consecomercio, posterior a esa declaración, deja entrever que la guerra será peleando a muerte para imponernos su posición. Como lo expresó, el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, en entrevista para Unión Radio, el 08 de septiembre: "Cada vez que se reajustan precios sencillamente los productos comienzan a desaparecer de los anaqueles, y este no es el momento adecuado". Advirtiéndole al pueblo y gobierno Bolivariano, que un nuevo control de precios generará desabastecimiento: "Es una medida que no va a contribuir a que el ciudadano vea potenciado su poder de elegir". Atreviéndose, incluso, amenazar al Gobierno Bolivariano, a que: "desistan de cualquier intención de regular precios porque no va a contribuir a resolver la situación tan delicada en materia de abastecimiento que estamos viviendo en este momento en Venezuela" (http://800noticias.com/consecomercio-advierte-que-el-control-de-precios-traera-mas-desabastecimiento). Tal capacidad de reto al Poder Constituido, subversivo por demás, no la hemos visto en ninguna parte de nuestro insólito universo, pero, en un país en que la "falta de Gobierno" se ha convertido en la norma y no en la excepción; más bien, pareciera que se ha impuesto la anarquía, ya que cada quien hace lo que le viene en gana, y no es de sorprender una respuesta tan insolente como esa, mucho menos, venida de un organismo empresarial que, sencillamente, se cree que este país ha vuelto a la cuarta república. Período de nuestra historia, en que el poder económico de la República, se dirigía desde las sedes de las cúpulas empresariales, léase: Fedecámaras y sus filiales, Consecomercio, entre ellas. Una sola llamada de los presidentes de esa mafia empresarial, bastaba para que una decisión presidencial o ministerial, se revirtiera en beneficio de sus intereses grupales.
La política de Precios Acordados o Precios Cuidados, como se les llamó inicialmente, llega al país en septiembre de 2017. Entre los anuncios presidenciales de aquel año, un día 07 de septiembre de 2017, además de un incremento salarial del 40 por ciento, Nicolás, tomó un conjunto de medidas que incluyeron la presentación a la ANC de la propuesta de ocho leyes Constitucionales tales como: Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados- Ley Plan 50, Ley de los CLAP, Ley que autorizaba las Casas de Cambios a nivel nacional, Ley de Promoción y Protección a la Inversión Extranjera, Ley del Régimen Tributario para inversionistas en el Arco Minero, Ley de impuestos a los grandes patrimonios, Ley que crea el Consorcio Agroalimentario del Sur, leyes todas aprobadas y en vigencia plena. Aprobó, además, un bono de 250 mil Bs para el reinicio a clases. Anunció, también, que esa misma semana arrancaban las rondas de negociaciones de precios máximos acordados a 50 servicios y bienes esenciales para la población. Monto pírrico e insignificante, por lo demás. Tareck El Aissami, ganó protagonismo y recordaba que la política de Precios Acordados, es una experiencia adquirida desde la Argentina, que señaló como exitosa: "Nosotros podemos hacerlo sobre la base de la confianza mutua y la transparencia en la construcción de la estructura de costo", así como, sobre "las redes de distribución y comercialización", explicó: "El norte -recalcó- es proteger al pueblo e incentivar la producción, por lo que deben acabarse las distorsiones en los precios y la comercialización ilegal de los productos básicos." La realidad fue, que la entrada en vigencia de esa nueva política de precios, fue exitosa por apenas dos (2) semanas, en las que Fedecámaras y Consecomercio, respetaron los Precios Acordados; después de transcurridas esas dos semanas, se impuso la liberación de precios en concordancia con el control que establecieron las bandas terroristas de comerciantes, bachaqueros y transportistas, relacionando sus precios con el dólar de guerra, al cual anclaron sus precios. Y, mientras en Venezuela, se imponía la liberación de precios; en Argentina, por ese mismo tiempo de septiembre de 2017, gobernaba todavía la Presidenta Cristina Fernández, los Precios Cuidados acordaban prorrogarse por los siguientes cuatro meses, con un incremento de los 476 productos incluidos en el programa, de tan solo el 3 por ciento de sus precios. Señalando, el subsecretario de Comercio Interior, Ignacio Werner: "para esta renovación pusimos especial énfasis en productos que integran la canasta básica, incorporando más productos lácteos y de almacén", resaltando: "Es importante destacar que el 65% de los proveedores que participan del programa son PyMEs, lo cual les brinda mayor visibilidad, y a la vez les permite a los consumidores contar con una mayor variedad de productos en góndola". Finalmente, a diferencia de Venezuela, que los empresarios acudían a regañadientes y casi que obligados; en Argentina, los productores se disputaban su ingreso al Programa de Precios Cuidados, como lo manifestaban abiertamente la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, tal cual lo expresaba en los medios Gabriel Rosica, en representación de ambas cámaras, destacando la importancia que tiene: "la velocidad de la implementación y la continuidad del acuerdo". La propia Presidenta, Cristina de Kirchner, elogiaba el Programa: "ha tenido tanto éxito", que "las empresas quieren ingresar" en el programa. "Más que una política económica, se ha convertido en una política de marketing". "La gente quiere comprar dentro de Precios Cuidados y no por fuera", aseguró Cristina, durante la firma de convenios con empresarios. Sentenciando: "Aumentando los precios se gana más durante un tiempo, pero se pierde más durante mucho tiempo. Perdiendo mercado, perdiendo consumidores…" Tuvo tanto éxito, el Programa, que Macri no se animó a eliminarlo, y aún se mantienen los Precios Cuidados en Argentina. A diferencia de Venezuela, que tan solo duró dos (2) semanitas…
¿Falta de Gobierno? Indudablemente, que Sí. Precios Acordados, no se consideró como una Política de Estado, tal cual ordena la Constitución Bolivariana en su artículo 320: "El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social". Y, mucho menos, como lo menciona Cristina, una política de marketing, que da caché a quien o al producto que participa del Programa de Precios Acordados. Tareck, priorizó en apoyos económicos, financiamientos, a los productores que arrimaban a Precios Acordados, y fortaleció aquello que se buscaba superar: el rentismo petrolero. Hoy, que el hno. Nicolás, retoma –tercamente- el Programa de Precios Acordados, que hoy es ley Constitucional de la República, estimamos, debe retomarse como una política de marketing. Tal cual, lo consideraba Cristina. No es, otorgando euros o dólares a los participantes en dicho Programa, que se va a estimular la participación en el mismo. Sino, la apertura de mercados y clientes, lo que debe estimular el Estado venezolano, entre los participantes en el Programa de Precios Acordados.
En los CLAP, por ejemplo, no debe estar ningún producto que no forme parte de los Precios Acordados. El Estado venezolano, como comprador fundamental de bienes y servicios esenciales del país, debe privarse de adquirir bienes y servicios, que no formen parte de los productos de Precios Acordados. Al igual que los CLAP o la marca Venezuela, Precios Acordados, debe convertirse en una marca para el pueblo todo, un símbolo de acceso a bienes y servicios de calidad, accesibles para el pueblo. Pero, al igual que debe reorientarse dicho Programa, estimamos que Tareck, no es el camarada indicado para llevar a buen puerto el Programa de Precios Acordados. Su fracaso, es más que evidente y este pueblo, no le tiene el mínimo de confianza como ejecutor de políticas públicas exitosas. Se requiere de un o una camarada con capacidad no solo de negociación, sino con capacidad de ejecutar sanciones severas contra quienes violenten la Ley. Valga decir, no debe tener compromisos de ningún tipo, menos vínculos familiares, con los productores incorporados al Programa de Precios Acordados. También, se requieren nuevas instituciones que respalden el accionar de la Vicepresidencia Económica, el BCV y el Estado, en su represión contra la especulación, como característica –esencialmente- negativa de ejercer el Comercio en Venezuela. ¿Cuánta falta hace un nuevo Código de Comercio Justo?
El especulador, debe ser visto, tratado y castigado, tan igual como el narcotraficante o el homicida. Reiteramos también, avanzar a la Petrolización de los servicios prestados por el Estado a los comerciantes públicos-especulativos y privados todos, sin excepción. Asimismo, todo lo concerniente al régimen de los tributos a personas jurídicas nacionales y municipales, cobrarlos en Petros. Un Petro variable, en función de lo establecido en su White Paper. Si, el dólar de guerra sube, obviamente va hacer subir al Petro y, con ello, se incrementarán impuestos y todas las tarifas de servicios comerciales (luz, agua, telecomunicaciones, gas). De seguro, a nadie más que a los propios comerciantes, le va interesar que no suba el dólar de guerra, desde Washington, como ocurre en el presente. Les va interesar, más bien, apostar a la estabilidad del Petro y el dólar, en consecuencia. Segundas partes, nunca fueron buenas, pero, en este caso, nunca hubo una primera parte. Hora ya, de comenzar a gobernar la Economía y no dejarla en manos privadas. ¡Basta ya, de la grosera impunidad!
