Ante la posibilidad de un nuevo éxodo migratorio en la frontera norte de México, autoridades de Piedras Negras e Eagle Pass implementan un "operativo espejo"; según informó Sonia Villareal, secretaria de seguridad del estado fronterizo de Coahuila, hay la misma cantidad de policías a ambos lados de la frontera con la orden de evitar el paso de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos.
El fin del Título 42, decretado el pasado 11 de mayo por las autoridades estadounidenses, ha provocado una nueva oleada migratoria desde países africanos, asiáticos, el Caribe, el sur y el centro de América hacia EE. UU. Son miles y miles de trabajadores, mujeres, personas LGBT+ e infancias las que, con la esperanza de cumplir el sueño americano, deciden emprender uno de los viajes más peligrosos del mundo para migrantes. Se trata de caravanas y familias completas provenientes de Venezuela, Haití, El Salvador, Nicaragua y otros países del continente, así como africanos y asiáticos.
Mientras las autoridades exhortan a migrantes para que soliciten el ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación remota CBP One, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México junto con la Guardia Nacional ha perseguido y reprimido a cientos de migrantes en el territorio coahuilense, recluyéndolos en condiciones inhumanas y de hacinamiento en centros de detención, que también han sido escenario de tragedias tan terribles como la de la muerte de 43 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez.
Migrantes, entre la violencia policial y del narco
En su travesía deben enfrentar no sólo el hambre y las inclemencias del clima, las políticas antimigratorias a ambos lados de las fronteras con más policías y racismo en su contra, sino también la violencia de los cárteles y la policía, que actúan coludidos en todo el territorio coahuilense para el tráfico de personas, así como el repunte de adicciones y las desapariciones, que les representa millones de dólares. Mientras que el cartel del Noroeste –una ruptura del cártel de Los Zetas– controla el tránsito de migrantes indocumentados, la policía coahuilense controla el tráfico de drogas y protege a los narcotraficantes, al tiempo que extorsionan a los migrantes que se cruzan en el camino.
"Las policías municipales y estatales siempre nos paran para pedirnos dinero"
, denuncia un migrante hondureño a un medio local.
Según la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, en lo que va del año hay, por lo menos, 507 quejas por violaciones a los derechos humanos en contra de la policía. A esas se suman las 1611 quejas de 2022 y un buen porcentaje de ellas están dirigidos hacia los GATES, un grupo de élite policial señalado por su participación en el tráfico de drogas.
Desde 2010, Coahuila se ha convertido en una enorme fosa clandestina al servicio de los Zetas, los Gates y sus contrincantes. Organizaciones como el Grupo de Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (VIDA) alertan, que el próximo cambio de gobierno en el estado podría retrasar las investigaciones de las personas desaparecidas –algunas llevan más de una década– así como el análisis de los restos óseos que hasta ahora han encontrado; además, temen que se desate nuevamente la violencia entre los cárteles.
Subordinación a las políticas migratorias de EE. UU.
La implementación del "operativo espejo" en Coahuila está en sintonía con el resto de las políticas antimigratorias de los gobiernos estatales y federal mexicanos. Tanto los gobiernos del PRI en Coahuila como el gobierno del presidente López Obrador son responsables de múltiples crímenes contra migrantes, así como de mantener y profundizar la militarización del país, que implica más criminalización y represión hacia nuestras hermanas y hermanos migrantes.
Se trata de políticas abiertamente racistas, xenófobas, coloniales y patriarcales ordenadas por la Casa Blanca y el gobierno estadounidense, para contener las consecuencias de las crisis migratorias que ellos mismos han provocado. Si cada vez más y más personas y trabajadores de Latinoamérica, África y Asia dejan sus hogares, es porque se ven obligados a huir de la violencia, las guerras, la devastación ambiental y la precarización, que han impuesto las empresas trasnacionales y los gobiernos nacionales que las protegen.
Para hacerle frente a la crisis migratoria y humanitaria provocada por el imperialismo yanqui, es necesaria la más amplia unidad y solidaridad de la clase trabajadora en ambos lados del Río Bravo, que ponga en pie un movimiento amplio que exija paso libre a todos los que migran con plenos derechos políticos, sociales y humanos, así como el regreso de los militares a sus cuarteles a ambos lados de las fronteras, y en el caso de México, hay que exigir la disolución de la Guardia Nacional.
Como menciona la declaración internacional de la Organización Socialista Revolucionaria de Costa Rica, la Liga de los Trabajadores Socialistas de Venezuela, el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas de México y Left Voice de Estados Unidos, integrantes de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional:
"Hace falta que los sindicatos –en tregua con sus gobiernos–, las organizaciones democráticas, de derechos humanos, de la juventud, del movimiento de mujeres y de la izquierda de toda la región tomen estas reivindicaciones –migrantes– como parte de una gran campaña internacional a favor de los derechos de los migrantes impulsada por los sindicatos, organizaciones democráticas, de derechos humanos, de la juventud, el movimiento de mujeres y la izquierda de toda la región."
¡La clase obrera es una y sin fronteras!