Hace tres años, el 25-3-2020 la Dirección General General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) sin orden de aprehensión y de manera abrupta allanó mi residencia, ubicada en La Asunción, Nueva Esparta, y me llevaron detenido, comenzando la pandemia del Covid-19, y generando un terrible efecto psicológico sobre mi hijo adolescentes y mis padres ambos casi octogenarios en aquel entonces de tan malograda historia. Mi "delito": lo que ellos llaman en una inconstitucional ley para detener a sectores de oposición, "instigación al odio".
Mi detención fue reseñada de inmediato por todos los medios del país, y también a nivel internacional. Distintas organizaciones de derechos humanos como Provea en Venezuela, y Human Rigths Watch condenaron semejante barbarie en mi contra, que finalmente llegó a la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que la ex coordinadora de ese despacho Michelle Bachelet colocó mi nombre entre la detención de presos políticos.
En esa detención fui llevado desde La Asunción en la isla de Margarita, hasta la sede de la Dgcim en Caracas, separándome de mi familia, y me mantuvieron aislado en una celda de castigo por 26 días consecutivos - la mayoría de ellos en absoluta oscuridad- y los tres primeros dias sin agua ni comida lo que originó una terrible convulsión - sufro de epilepsia, y además jamás me dieron medicamentos en mi reclusión - sobre crisis que fui golpeado con un bate - porque para ellos estaba "fingiendo", ocasionandome severas lesiones- que me mantuvo en coma por varias horas, y que gracias al Todopoderoso pude despertar de tal situación neurológica.
Tres meses después de estar en los sótanos de la Dgcim, fui trasladado a la cárcel de El Rodeo junto con otro grupo de presos políticos, donde finalmente fui indultado por el presidente Nicolás Maduro en una lista de 101 presos políticos.
Tres años después de esos dolorosos hechos, la noche de este 28 de marzo, nuevamente una comisión de fuerzas del Estado - policiales o Dgcim, aún por confirmar - se apersonaron, algunos con pasamontañas y portando sendas armas de guerra a mi residencia - donde no me encontraba, ni me encuentro al momento de redactar estas líneas - preguntando al personal de vigilancia por mi existencia y domicilio, lo cual no pudo concretarse entre otras razones, por mi ausencia.
Desde que salí de la cárcel, a finales de 2020, solo he estado siendo víctima de persecución en mi contra, al punto que he perdido tres eventos académicos internacionales y un tratamiento especial para mi epilepsia en el exterior, que no he podido realizar porque desde enero de 2022 me han negado la entrega de mi pasaporte, situación que reposa ante la ONU en su oficina de Derechos Humanos y ante la Corte Penal internacional.
Toda mi vida he sido una persona de bien, apegada a los más altos principios de moral y ética. Tengo tres pregrados universitarios, uno en administración y dos en educación. También una maestría y un doctorado también en educación, cursados todos los estudios de pedagogía en la Universidad Nacional Abierta (UNA) , Universidad de Oriente (UDO) y Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), y además con tesis doctoral publicada en Europa, al igual que varias investigaciones, entre las cuales destacan, ponencias y artículos arbitrado por la Universidad de Shangai y la Academia Nacional de Ciencias de Rusia, y por supuesto, otras en Europa y América Latina.
Ignoro las razones de esta nueva búsqueda de organismos del Estado en mi contra, pero ante otra posible detención solo resta decirles que siempre tendré mi conciencia limpia. Nunca he tenido bienes de fortuna, y como la inmensa mayoría de venezolanos he atravesado esta crisis con dificultades y penurias que hemos podido sobrellevar, fundamentalmente por buenos amigos que nos han extendido las manos sin nada a cambio. A todos ellos, les expreso mi eterna gratitud, sin saber en este momento, si tal vez estas puedan ser las últimas líneas de mi vida.
Solo espero que Nicolás Maduro como presidente de la República y Tarek William Saab como fiscal general, estén conscientes de que jamás he violado leyes, y que todos mis reclamos por salarios dignos, lucha contra la corrupción, reclamo contra la ineficiencia y que prevalezcan los derechos humanos, son garantías constitucionales en mi libertad de expresión. Si eso es "delito al odio", entonces, estamos ante la peor de la dictaduras contemporáneas y ante un régimen que ha destrozado la democracia y la Constitución.
Ojalá y haya sindéresis, y tal búsqueda sea solo una falsa alarma de exceso de poder de algunos funcionarios. Por ahora, nuevamente gracias a todos. Los amo. Amo a Venezuela.
Es auténtico,
