24-11-23.-La calidad del servicio eléctrico en Venezuela es cada vez peor, según reveló un estudio de la ONG Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (Ovsp), que consultó a los habitantes de doce de las principales ciudades del país. El informe muestra que el 76,7% de los venezolanos tiene una opinión negativa sobre el suministro de electricidad, lo que representa un aumento de 33,5 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, realizada en marzo de este año.
Fluctuaciones e interrupciones constantes
La principal causa de esta mala valoración es la frecuencia con la que se producen fluctuaciones e interrupciones en el servicio, que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos y provocan daños en los aparatos eléctricos. El 7,8% de los encuestados reportó haber sufrido este tipo de inconvenientes, según el estudio.
La situación es más crítica en el oeste del país, donde las ciudades de Barinas, Maracaibo y Mérida registran los mayores niveles de insatisfacción, con más del 90% de los habitantes. En estas zonas, el servicio eléctrico es prestado por el Estado a través de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que ha sido objeto de numerosas críticas y denuncias por su deficiente gestión.
En cambio, en el este del país, la percepción es más favorable, aunque aún predominan las opiniones negativas. En Caracas, la capital, el 52,2% de los ciudadanos tiene una valoración positiva del servicio eléctrico; en Porlamar, en la isla de Margarita, el 39,3%; en Barcelona, el 30,3%; y en Ciudad Bolívar, el 26,5%.
Fallas eléctricas diarias
El estudio también revela que el 54,7% de los venezolanos experimenta fallas eléctricas todos los días, lo que supone una desmejora de 41 puntos porcentuales con respecto a marzo, cuando el porcentaje era del 13,7%. Estas fallas afectan la calidad de vida de los ciudadanos, que deben lidiar con la falta de luz, la interrupción de las comunicaciones y la escasez de agua, entre otros problemas.
Ante este panorama, el observatorio instó a las autoridades a elaborar e implementar políticas públicas enfocadas en el sistema eléctrico, para garantizar la “conservación y seguridad del fluido eléctrico en los hogares”.
