Venezuela tilda de "falsas" opiniones de Caricom sobre la" Ley de Defensa de Guayana Esequiba"

El Gobierno venezolano calificó de "imprecisas" y "falsas" las opiniones emitidas por la Comunidad del Caribe (Caricom) sobre la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, luego de que esa organización acusó a Caracas de provocar "una inaceptable escalada de tensiones" con Guyana.

"Venezuela rechaza el injerencista comunicado, emitido el día de hoy por Caricom, donde se expresan opiniones imprecisas y falsas, sobre la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, producto de una absurda política de solidaridad automática incapaz de corregir la actitud hostil, ilegal y depredadora de Guyana, en contra de los históricos derechos venezolanos, así como los más elementales principios del derecho internacional", se afirma en el comunicado difundido por el canciller Yván Gil.

Caricom denunció que el Gobierno venezolano ha actuado "de manera unilateral, precipitada y potencialmente peligrosa" al aprobar la ley, la cual fue promulgada la semana pasada por el presidente Nicolás Maduro.

Al respecto, Caracas manifestó que está a la espera de un pronunciamiento por parte de Caricom sobre el "complot urdido entre Guyana, la ExxonMobil y Estados Unidos para desconocer y violentar el Acuerdo de Ginebra, como único mecanismo para garantizar una salida política y pacífica a esta controversia territorial".

De igual manera, el Gobierno de Nicolás Maduro consideró como "preocupante" que ese organismo regional obviara las violaciones al derecho internacional por parte de Guyana.

"Guyana, quien de manera ilegal e ilegítima ha dispuesto de un territorio que no le pertenece y ha entregado concesiones petroleras a la ExxonMobil en un área marítima sin delimitar, en abierta violación al derecho internacional", destaca el texto.

Asimismo, Venezuela afirmó que aspira que Caricom reflexione sobre la alianza militar de Guyana con el Comando Sur de Estados Unidos, la presencia de operativa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el despliegue de fragatas militares de Reino Unido; así como sobre el llamado Georgetown a agredir al país caribeño.

De acuerdo con el comunicado, la "única amenaza contra la estabilidad de la región es la República Cooperativa de Guyana y su pretensión de apropiarse ilegítimamente de un territorio que nunca le ha pertenecido".

El 8 de abril, Venezuela entregó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un documento con lo que considera la verdad histórica del territorio Esequibo y que demuestra que es el único país que posee título sobre la Guayana Esequiba.

El 21 de marzo, la Asamblea Nacional de Venezuela (parlamento unicameral) aprobó y sancionó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, la cual crea un estado homónimo y busca proteger la soberanía del territorio que se encuentra en disputa con Guyana.

La ley surgió luego del referendo consultivo sobre la protección de la Guayana Esequiba, que realizó Caracas el 3 de diciembre, el cual obtuvo más de 10 millones de votos.

A raíz de la consulta, el 14 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el mandatario de Guyana, se reunieron en San Vicente y las Granadinas, donde expresaron su disposición de continuar con el diálogo para dirimir la controversia por el territorio Esequibo.

Además, acordaron que ambos países "directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia".

De igual manera, convinieron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.

Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.

En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.



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