La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece como principios fundamentales: el patrimonio moral de la República y sus valores de honestidad y responsabilidad institucional. Fundamenta, sus bases, la nueva República, en la doctrina democrática del Padre Libertador, Simón Bolívar. Constituyéndose, nuestro país, en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico: la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político (Artículo 2, Constitución Bolivariana de la República de Venezuela). Esto, que pareciera ser de perogrullo, no lo es, para un sector minoritario de nuestra sociedad, influenciado por la ideología extranjerizante o pro yanqui; apátridas, les llamamos porque sin causa justificada, odian su Patria, odian a Venezuela, ese pequeño terruño que los acogió al nacer. Tanta importancia, le atribuyó el Padre Libertador, Simón Bolívar al valor de la honestidad que, en carta al General Páez (26 de marzo de 1828), Bolívar le manifestaba: «El modo de gobernar bien, es el de emplear hombres honrados aunque sean enemigos». Ello, nos dice que la corrupción no es un tema de reciente data, sino que viene de lejos. Se trata de un mal, arraigado en nuestra sociedad, que se traduce en un grave problema con dimensiones éticas, sociales y hasta culturales, no se olviden que, con el invasor europeo, llegó dicha plaga a nuestras tierras, un mal desconocido para ellos y ellas, que vivían en comunidad pacíficamente.
La corrupción, tiene un impacto determinante en el deterioro y violación de los derechos civiles y políticos, como en los derechos sociales, económicos y culturales; especialmente, sobre los grupos más vulnerables de la sociedad y minorías políticas, como son las y los niños, ancianos, discapacitados, pobres, indígenas, entre otros y otras. Ello, se patentiza particularmente, en la malversación de los fondos -tan necesarios para la satisfacción del Estado de Bienestar Social- sobre todo, en un país como Venezuela, objeto de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, ejecutadas por los imperios occidentales, léase: EEUU y Europa; y un bloqueo criminal, financiero-comercial, que le imposibilita al país comercializar –libremente- con el resto del mundo sus productos y mercancías nacionales, lo que -en resumidas cuentas- origina una violación masiva de los Derechos Humanos de la población venezolana por parte de los imperios de EEUU y Europa: «…originando actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias…» (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Preámbulo). Recordemos a San Óscar Romero de América, beatificado por el papa Francisco, en reconocimiento a que fue asesinado «in odium fidei» (en odio por su fe), mientras oficiaba una misa en El Salvador, el 23 de marzo de 1980. Su Homilía del 18 de marzo de 1979, enfocada en el tema de la corrupción, en la que dijo: «¡No robarás! Otra cosa sería el país si no se robara tanto. Quiero hacer justicia a muchas personas, que tienen dinero y que son muy honradas, y se quejan de que se les echa a ellos la culpa en todo. Nos hacen mirar hacia otra parte para decir: no son las catorce familias, las culpables solamente. Van multiplicándose ya, esos apellidos; van saliendo ex-funcionarios bien provistos para su porvenir. Se van multiplicando propiedades, casas, negocios. ¿Será todo bien habido? ¡Bendito sea Dios! Pero, si en el fondo está quejándose el séptimo mandamiento, no puede bendecir el Señor. ¡No robarás! Es la verdad, y lo que tienes, lo has robado. Lo has robado al pueblo, que perece en la miseria. Lo has robado. Hermanos, robar siempre será pecado». ¡La Honestidad seguirá por siempre, siendo la mejor de las virtudes ciudadanas!
Entre 2017 y 2020, según informaba el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, el Ministerio Público ha develado más de 28 tramas de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que han ocasionado grandes pérdidas económicas a la Nación. Por otro lado, el fiscal general, informó también, que el Ministerio Público abrió una investigación contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, actualmente prófugo de la justicia con residencia en Italia, país cómplice de sus delitos por negarse a su extradición, por el pago de sobornos en los que estaría involucrada la empresa española Ingelec. Este 2023, hemos sido testigos de un nueva trama de corrupción en PDSA y Empresas Básicas del Estado, que produjeron la detención y enjuiciamiento de 44 servidores públicos, a los cuales se les aplicó la Ley de Extinción de Dominio. En el año 2010, el entonces contralor de la República, Dr. Clodosvaldo Russián, informaba que 199 personas fueron inhabilitadas de sus funciones públicas, 64 fueron suspendidas del ejercicio del cargo y 6 destituidos, en uso de las facultades que otorga la Constitución a dicho Poder Público del Estado Bolivariano. Al Contralor Russián, le tocó enfrentar en su momento, la reacción de los corruptos. «Las inhabilitaciones –dice Russián- no son nada nuevas (…) si yo fuese refranero como Luis Herrera, diría que tarde piaste pajarito porque son decisiones administrativas, que se han tomado desde hace mucho tiempo. Las personas, luego de una auditoría practicada por la Contraloría, (…) se les aperturó una averiguación administrativa y ahí tuvieron las posibilidades de ejercer el derecho a la defensa. (…) Terminadas esas averiguaciones administrativas, la Contraloría de acuerdo con el ordenamiento constitucional y legal vigente, impuso una sanción que es la responsabilidad administrativa, subsidiaria o complementaria» (2010). En 2002, se quejaba el entonces contralor, Clodosvaldo Russián: «Las inhabilitaciones son utilizadas por sectores políticos adversos al proceso revolucionario para victimizarse, principalmente cuando están cerca los procesos electorales».
Las inhabilitaciones, que vienen a ser sanciones administrativas; aunadas a sanciones penales judiciales, y finalmente la novísima Ley de Extinción de Dominio, que permite recuperar parte de los bienes robados al Patrimonio Público, constituyen todo un entramado de leyes y normativas, que buscan no solo castigar, sino resarcir parte del gravísimo daño causado por las y los corruptos a la sociedad venezolana en su conjunto. Forman parte del blindaje institucional, que previene a la sociedad de la maldad que representa la corrupción. A diferencia de las sanciones del poeta Dante Alighieri que, en su Divina Comedia, veía a las y los corruptos ardiendo en el infierno, inmersos en un río de brea o alquitrán. En el cual, las y los corruptos, se mueven frenéticamente: hacia un lado y hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo, procurando escapar al castigo de los demonios. Hasta que, finalmente, los demonios los destrozan con todo tipo de instrumentos torturantes, sin atender sus súplicas de piedad. Pero, los pedazos se vuelven a rearmar y el proceso se reinicia eternamente. Cuenta el poema, que los peores corruptos (tipo: Juan Guaidó), son arrastrados por el río de alquitrán hasta campos de hielo donde reina un frío infinito, y un viento infernal astilla sus cuerpos congelados hasta hacerlos saltar en mil pedazos, allí vuelven a recomponerse para seguir recibiendo el dolor del castigo eterno.
Hoy, acudimos a una nueva rebelión de las y los corruptos en tierras venezolanas, promovida por el imperialismo de EEUU que, como siempre ocurre, es secundada y respaldada por sus vasallos de la Unión Europea y uno que otro país colonizado por dicho imperio, en este caso: Colombia. Sí, aunque se diga buen amigo de Venezuela, ¿amigo el ratón del queso? ¡Póngase a creer en falsos positivos! Dicha agresión injerencista contra Venezuela, recibió su respuesta por la Cancillería Bolivariana; mientras que, Colombia, recibiría su respuesta contundente, por parte del llamado genérico que hiciera el Presidente brasileño, Lula Da Silva, a sacar sus manos de Venezuela, y respetar el ordenamiento interno anticorrupción. Incluso, el imperialismo, ahora utiliza la corrupción como un medio de chantaje para levantar las sanciones, tal como lo ha dicho el Canciller de EEUU, léase: Blinken, quien ha calificado de «Profundamente desafortunada», la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela. Cosa para nada nueva, como intenta manipular EEUU, pues la misma, tiene data de 2015. Dice Blinken: «Hay una serie de pasos muy prácticos que el régimen de Caracas puede tomar para demostrar que quiere avanzar por ese camino hacia elecciones libres y justas (…) la descalificación de un miembro destacado de la oposición para competir en tales elecciones, ciertamente envía el mensaje opuesto». Más que Canciller de un imperio en decadencia, habló en Guyana, uno de los viudos de la extinta cuarta república. En oposición al deseo de Blinken y los imperialistas, el pueblo venezolano no solo quiere elecciones, recuérdese que en los últimos 24 años, en Venezuela se han realizado 25 procesos electorales, sino elecciones libres de sanciones y bloqueos, sino también elecciones libres de corruptos y corruptas.
Como un hecho a destacar en este nuevo episodio de la rebelión de las y los corruptos, tenemos que ahora acompaña al G4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, AD, Copei y Un Nuevo Tiempo), el Partido Comunista de Venezuela, partido que antes no se avergonzaba de arrear banderas antiimperialistas pero que ahora ha roto con sus Principios, y se une al coro de la corrupción y de los corruptos. Destaca, el apoyo político que le manifiesta el PCV a María «la violenta», mediante el subterfugio que sobre esa ex funcionaria: «no pesa condena alguna» (Tribuna Popular, 04-07-2023), y por ello, deben extinguirse las sanciones administrativas aplicadas por la Contraloría General de la República contra dicha ex funcionaria pública. Incluso, Yul Jabour, miembro del Buró Político del PCV, va más lejos y se le va el yoyo al decir la verdad de lo que anhela el imperialismo con toda esta campaña de agresión al pueblo venezolano. Dice Jabour; la inhabilitación política: «hace un flaco servicio a la democracia» y su práctica: «viola los derechos de actores y organizaciones políticas». Ajá, si eso fuera cierto: ¿En dónde quedan los derechos humanos de todo un pueblo, dañados por las acciones deshonestas de un grupito de políticos y funcionarios corruptos? De qué democracia habla, cuando no hay nada más contrario a la Democracia que la corrupción. Pero, como todo un converso que pretende ganarse los favores del jefe del imperio; Jabour, suelta esta perla que nos rebela el propósito del imperialismo con esta rebelión: «El Tribunal Supremo de Justicia, en lugar de revisar este artículo y garantizar el derecho político del pueblo venezolano, se afianza este tipo de política que viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», valga decir, según Jabour en vez de revisar la Ley debería es eliminarla, pues según éste, «viola la Constitución», y al violarla no debería existir por inconstitucional. Minimizar las acciones contra la corrupción, ese es el propósito del imperialismo, que ya quisiera imponerle al pueblo venezolano un modelo tan corrupto como lo es, el estadounidense. Con un Ministerio de la Corrupción Global, como es la OFAC. Y en cada período electoral, un candidato llama a su oponente como más corrupto que él. El Presidente Biden, acusa a su oponente político Donald Trump: «Toda esta charla del presidente sobre la corrupción proviene del presidente más corrupto que hemos tenido en la historia moderna. Él es la definición de la corrupción» (2019). Mientras Trump, acusa a Biden: «es el presidente más corrupto de la historia de EEUU» (2023). Así de descarados son, sin ruborizarse. Decía Aristóteles: «El que no se ruboriza del mal que hace es un miserable».
