En 1958 se inició en Venezuela un proceso de reformas en la administración pública, cuyo objetivo fue adecuarla a las exigencias que planteaba el Estado Moderno. De manera casi simultánea se comienzan a realizar los estudios que daban como resultado la implantación del "Sistema de Planificación" para dar inicio a la modernización del Sistema Presupuestario. En cumplimiento a lo pautado en la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario, se creó la Oficina Nacional de Presupuesto (OCEPRE), luego fue modificada en 1981 con el fin de adecuarla a los esquemas globales sectoriales y regionales previstos en el Plan de la Nación. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, la cual propende la integración de la administración financiera del mismo, se ordena la organización del sistema, creando las Oficinas Nacionales, como la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), dependiente del Ministerio de Finanzas (ya dejó de ser para el Poder Popular), rector del sistema presupuestario público. Actualmente la nueva ONAPRE neoliberal, dirigida por Marco Polo Cosenza, un funcionario enemigo de las políticas socialistas del comandante presidente Chávez, es quien dirige los instructivos de aplicación de los aumentos salariales y beneficios laborales (como tablas de remuneración, uniformes, vacaciones, primas, entre otros), decretados por el presidente Maduro, desacatando y desviando una orden de la máxima autoridad pública del país. Todo el Estado venezolano, la administración pública, los servidores públicos, están a merced de la omnipotente ONAPRE, las normas de este órgano son la guía para la aplicación de los aumentos salariales para entes con autonomía funcional, incluyendo a las universidades autónomas. Es un Estado dentro del Estado.

La función de la ONAPRE, entre tantas, de brindar asistencia técnica en las distintas etapas del proceso presupuestario a los órganos regidos por éste, ha pasado de manera ilegal a regular la aplicación de los incrementos salariales y demás beneficios emanados por el ejecutivo, violando las convenciones colectivas que durante décadas los trabajadores han luchado por hacerlas realidad, vulnerando así no solo sus funciones, sino llevando a los servidores públicos a condiciones de vida más inhumanas, como si los trabajadores estuvieran pidiendo regalos o dádivas, exigen el fruto de su aporte a la administración pública, el esfuerzo que día a día impregna a su sitio de trabajo a pesar de todas las dificultades (sin HCM, sin uniformes, sin efectivo para movilizarse, sin gasolina, híper inflación, economía dolarizada, salarios con menos poder adquisitivo, en condiciones precarias de supervivencia). Las atribuciones violentas que se ha adjudicado la ONAPRE la colocan como un órgano que atenta contra los derechos humanos de los trabajadores públicos del país. Ya no es el imperio el que maltrata al pueblo venezolano con sus políticas sancionatorias e injerencistas, sino los ministros de este gobierno que se han abierto de cara al capitalismo, y que no han dado respuesta ante tal DESACATO de la ONAPRE. Hay un silencio aturdidor del ministro de Planificación y Finanzas, Ricardo Menéndez, de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, del presidente Maduro y de la AN. Puede que el jefe de esta oficina —lo más probable—, cumpla con lineamientos del jefe superior o de la máxima autoridad, y se está responsabilizando de manera injusta a este funcionario; sin embargo, el hecho de haber sido designado por la vicepresidenta como tal, deja mucho que decir, ya que éste defiende a la clase burguesa, fue crítico de las políticas de Chávez, apoya las privatizaciones de las empresas estatizadas y está comprometido con la derecha fascista que durante años ha violado los derechos de los trabajadores.

La ONAPRE debería llamarse Oficina Nacional del Perjuicio y de la Perfidia, por el grave daño causado a esa masa trabajadora. Ante esta guerra asimétrica en donde todos los venezolanos han sido afectados, la ONAPER ha causado un perjuicio a la clase obrera, en virtud de que han sido víctimas de un daño social-económico por la omisión de ésta, bien por dolo o por culpa. Ha sido pérfida, ya que mediante el engaño el gobierno venezolano, quien desde este escenario que ha denominado de guerra, se comprometió o más bien prometió a actuar de buena fe para reivindicar a los trabajadores luego de tantos años de resistencia desde antes y durante la pandemia, cargando con el peso de los atropellos del gobierno norteamericano y de la Unión Europea, y ha sido desleal ante lo ofrecido a un pueblo que confió en estas justas reivindicativas hoy quedadas en el papel o más bien en la palabra. Es perjudicial porque ha causado un daño moral y material a la clase obrera, a su patrimonio, en función de esto debe ser indemnizada por el Estado venezolano por las acciones u omisiones "culposas negligentes o dolosas" del daño económico ocasionado. En este sentido, los afectados o las víctimas tendrán, como en efecto lo tienen, el derecho a reclamar ante la justicia sus derechos y beneficios laborales más una compensación económica que debe pagar en este caso el causante (Estado venezolano) mediante una "indemnización por daños y perjuicios", por daños materiales y morales. La ONAPRE, así como la SUNDDE, el SAIME, SAREN y otras oficinas, al igual que sus ministros, se quedaron en la vieja escuela perversa puntofijista; son ineficientes, neoliberales, contrarrevolucionarias, están a favor del Estado y no del pueblo. Sus ministros les recomiendan a los maestros que deben buscar otro empleo y agradecerle al Estado el pago chucuto que ellos consideran les corresponde cuando es el Estado quien debe agradecer a los trabajadores su compromiso y resistencia. Existe una desprotección total por parte del gobierno venezolano hacia los trabajadores. Ya entregaron algunas empresas estatizadas, las vendieron para no asumir responsabilidades con esa masa laboral, causando con esto más desempleo o que los trabajadores pasen a ser tercerizados. Las conquistas laborales de los trabajadores públicos han sido producto de los mártires de la década de los 60 y 70, movimiento obrero que echó las bases de la revolución bolivariana y que colocó a Chávez en la presidencia en virtud de los desmanes del sistema salvaje puntofijista, y el comandante como deuda con esa masa reivindicó a este sector, el cual hoy gobierno, junto a algunos sindicatos "chavistas" y de derecha, firmaron acuerdos o pactos para causarles perjuicio y perfidia.

El Estado venezolano corre el riesgo de quedarse sin trabajadores, de una renuncia masiva de los trabajadores públicos, o de que surja un estallido social, por el instrumento hambreador que ha aplicado en las tablas salariales. Así las cosas, seguimos subsumidos en la esclavitud y en la barbarie. Si este gobierno convalida este tipo de acciones de forma silenciosa o abierta es un régimen meramente esclavista porque ha transgredido lo más preciado de un trabajador, como es su salario para abonar el terreno para la aplicación de la ley perversa LOZEE. Es deber de este gobierno que se define como revolucionario y chavista, defender a los trabajadores. Como Chávez la clase obrera afirma que hay que cambiar el sistema, máxime si someten al pueblo a más condiciones de pobreza para que crezca la nueva burguesía a costa de la revolución. Como sabiamente dijo Mandela: "si no hay comida cuando se tiene hambre, ni medicamentos cuando se está enfermo, y no se respetan los derechos fundamentales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento".

Fecha: 08/08/2022