Definitivamente la burguesía no tiene otro norte que la obtención de la mayor ganancia posible sobre la venta de todo alimento, producto o servicio ofrecido al consumidor-usuario. Salvo las limitaciones que el mismo mercado impone, el capitalismo no puede ser controlado ni regulado en un mundo donde casi todos los aspectos de la vida giran en torno a ese perverso sistema económico. De poco sirven las leyes estatales destinadas, en teoría, a controlar la ambición de los capitalistas; en el fondo son normativas propias de Estados burgueses, cuyo fin, obviamente, es proteger y estimular al capitalismo.
Algunos creen, en el caso de Venezuela, que la Ley de Costos y Precios Justos, recientemente decretada, sí favorece a los consumidores-usuarios, limitando de forma importante el margen de ganancia de los capitalistas. Pero es pertinente advertir que leyes como la mencionada existen en otras partes del planeta, sin tener los resultados deseados desde la óptica del consumidor-usuario, sobre todo del pobre. Más aún, jamás en la historia de la humanidad hubo tanta concentración de dinero y de medios de producción en unos pocos individuos, y tantas personas en estado de pobreza y de miseria como en nuestros días, lo que refleja, en pocas palabras, que el capitalismo sólo puede ser controlado a sí mismo.
La Ley señalada en el párrafo anterior establece un tope del 30% en la ganancia de quienes hacen vida económica en Venezuela, y aún así los sigue favoreciendo en buena medida. Y además de favorecer a los comerciantes, está por verse si dicha Ley se cumple a cabalidad, sin tanto burocratismo y aplicada a todos los infractores por igual. En un contexto capitalista como el que vive Venezuela, es virtualmente imposible que tenga éxito; tengamos en cuenta que una Ley similar, decretada en el año 2011, tuvo poco o ningún efecto positivo en la realidad cotidiana del venezolano común. Lo cierto del caso es que la especulación sigue desatada luego de la entrada en vigencia de la actual Ley, y una muestra de ello se aprecia con claridad en Mérida, entidad en la que numerosos comerciantes siguen haciendo de las suyas en perjuicio grave de los consumidores-usuarios.
A manera de ejemplo en la ciudad de Mérida, tenemos al sector dedicado a la venta de carnes, especulador de primer orden en lugares como el mercado Jacinto Plaza, popularmente conocido como Soto Rosa. Por un lado pescaderos, carniceros y polleros venden a como les da la real gana, y sólo algunos tienen marcados los precios, ficticios por cierto. En el caso de las carnes rojas, los ladrones disfrazados de comerciantes llegaron al colmo de marcar un precio para la carne de primera y otro mucho más alto para cortes como solomo y lomito, como si éstos no fueran cortes de primera. Al preguntarles por tal irregularidad, los carniceros sólo atinan a culpar a la Guardia Nacional y a insultar al presidente Maduro. No hay argumento posible que pueda excusar a estas lacras. Por otro lado algunos vendedores, aprovechando que aún no disponen de balanzas electrónicas, engañan descaradamente con el peso marcado por piezas de carne roja, pollo, pescado o cerdo; de manera que si un muslo de pollo, por ejemplo, pesa 400 gramos netos, en una balanza manual no calibrada correctamente (en 0) puede llegar a pesar 600 o 700 gramos. Ahora bien, un comerciante honesto haría la equivalencia correspondiente en caso de un problema con el instrumento de medición, pero estas ratas lo venden tal cual les marca la balanza no calibrada, obteniendo de esta manera un beneficio mal habido. Y al reclamárseles, se atreven a increpar al consumidor: si usted quiere lo lleva, y si no cómprelo en otra parte o no compre nada, y si le da la gana también me manda al Gobierno, ellos también comen.
Frente al panorama especulativo que sigue afectando gravemente al pueblo venezolano, es urgente involucrar de forma directa a las comunidades en la lucha contra los ladrones disfrazados de comerciantes. La reciente Ley de Costos y Precios Justos no contempla la intervención popular directa que, a nuestro juicio, es una herramienta importante de cara a fortalecer el poder del pueblo. Como ya planteamos en nuestro artículo Intervención popular directa contra los especuladores, es necesario el control comunitario temporal o permanente, sin la mediación burocrática gubernamental, de todos aquellos comercios en que se estafe a los consumidores-usuarios:
Control temporal máximo de cuatro días, aplicado a aquellos comercios cuyos propietarios sean infractores por primera vez, y la especulación no sea tan elevada. Aquí miembros de las comunidades en las que se ubiquen tales establecimientos, administrarían los mismos, vendiendo únicamente las mercancías reguladas y distribuyendo el dinero recaudado, equitativamente, entre los empleados de los comercios tomados. En este caso el Estado debería actuar rápidamente para multar a los estafadores; en caso contrario la propiedad privada comercial pasaría a ser propiedad social. Lo generado por las multas sería invertido en educación, salud y servicios públicos. Control permanente, aplicado a aquellos comercios cuyos propietarios sean estafadores reincidentes y/o beneficiarios de una especulación grotesca. Aquí el pueblo se apropiaría de dichos comercios, transformándolos en propiedades sociales con cierto apoyo gubernamental. A todos esos estafadores se les debería enjuiciar y condenar, confiscando todos sus bienes en pro de la inversión social (http://www.aporrea.org/contraloria/a177970.html).
